Monedero, que ha comparecido ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, ha dicho a los parlamentarios que "esta ley no nos permitirá tener un medio ambiente mejor. Cualquier empresa puede emitir un 30% más de contaminación y no pasa nada".

Ha expuesto como ejemplo la desaladora de El Mojón que vierte, ha apuntado, 12.000 metros cúbicos de salmueras al día. Al permitirse ampliar hasta un 30% los vertidos, esa cantidad se podría ampliar, ha indicado, a 15.000 metros cúbicos. "Esta ley no nos permitirá tener un medio ambiente mejor, en vez de salvaguardar la vulnerabilidad de las personas más delicadas, al haber más contaminación irá peor".

Según ha expuesto, el decreto afecta a la ley 4/2009 de Protección Ambiental de la Región de Murcia, una ley "menguante", pues al principio contaba con 166 artículos "y ahora ha perdido casi un 30% del articulado en sucesivas reformas". De hecho, ha señalado que ya cuando se publicó en 2009 "no gustó a los medios económicos de la Región", por lo que "se empezó a modificar" en distintas leyes como en la de Tributos, donde se eliminaron, ha dicho, los cánones por contaminación y vertidos al mar o la de Ordenación Territorial en la Región donde "se carga hasta 51 artículos de la ley".

"En todas las modificaciones nunca se ha hablado de medio ambiente, siempre se ha derogado o modificado la ley por medidas tributarias, por acortamiento de plazos, por reactivación de la actividad empresarial, por la aceleración del modelo económico en la Región o por la paralización de la economía por el Covid-19", ha señalado.

En ese sentido considera que esta ley "obedece a intereses económicos de un sector cortoplacista de la economía de Murcia que tiene poca visión de futuro". Ha criticado que el decreto obedezca a "lobbies empresariales" de la Región que no piensen en el cuidado del medio ambiente, ya que "si no tenemos medio ambiente, no tenemos economía. Esto es una visión cortoplacista, sin pocas miras".

De ahí que haya puesto como ejemplo que en la ley se vaya a permitir a los ayuntamientos de la Región que realicen las evaluaciones ambientales. "Son ellos los que hacen los planes urbanísticos", ha advertido apuntando que al estar implicados en ambos aspectos del plan lo visarán sin problema.

EVALUACIÓN DE LOS PLANES POR LOS AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, ante la Comisión también ha comparecido el secretario de la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ), Francisco José Caparrós, para quien la ley plantea unos objetivos que "responden a las necesidades de la industria". Entre ellos ha expuesto el que los procedimientos de evaluación ambiental sean "más ágiles" y que haya mayor colaboración entre las administraciones públicas, reforzando la autonomía local y reduciendo los plazos.

Caparrós considera que el que sean los ayuntamientos los que se autoevalúen el impacto de los proyectos urbanísticos permite "disponer de más tiempo" y reducir las cargas burocráticas. No obstante sí que ha dicho que habrá que ver primero si los consistorios disponen del personal suficiente para hacerlo.

Asimismo ha señalado que el decreto "reduce una burocracia inútil, da seguridad jurídica porque elimina ambigüedades". Según ha apuntado la simplificación administrativa "era una necesidad urgente mucho antes del Covid-19".