Las iniciativas, que va a financiar el departamento que dirige Carlota Amigo, se enmarcan tanto en el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020, como en el plan de medidas extraordinarias y urgentes para la protección de las empresas, los autónomos, los trabajadores y las familias frente a la emergencia del coronavirus, consensuado en el Consejo del Diálogo Social el pasado 25 de marzo, informa la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Los dos primeros programas constan de visitas técnicas a centros de trabajo y delegados de prevención, con la finalidad de ofrecer recomendaciones para garantizar la seguridad laboral en el ámbito de las administraciones locales -en municipios de menos de 4.000 habitantes-, en pymes del sector agroganadero y de otras ramas de actividad con mayor siniestralidad, y finalmente en empresas del ámbito forestal.

El tercer eje de acción se centra en la resolución de consultas técnicas y / o jurídicas relacionadas con la gestión preventiva en la construcción y, en particular, en la información sobre la aplicación de protocolos de seguridad que eviten contagios por COVID-19.

De este modo, los técnicos abordarán junto a empresas y trabajadores cómo adaptar las zonas comunes o determinar los turnos de rotación y tiempos de trabajo para garantizar la distancia de seguridad. E informarán de las pautas de limpieza y desinfección más adecuadas para evitar la exposición permanente al virus.

Para el desarrollo de estas funciones, Cecale contará con algo más de un millón de euros; CCOO y UGT recibirán 681.000 euros cada uno, y la Fundación Laboral de la Construcción dispondrá de 360.000 euros, concluye el comunicado.