Sobre la denegación de parte de los documentos solicitados y que este viernes ha criticado el Grupo Socialista en las Cortes, la Junta ha advertido, a través de un comunicado, que se trata de aquellos obrantes en procedimientos judiciales penales cuya remisión podría "lesionar los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas".

Así, la dirección de los Servicios Jurídicos ha aclarado que la decisión sobre la remisión de información o no de los documentos incorporados a un procedimiento penal, y en su caso cuáles, corresponde al titular del órgano judicial competente en cada caso.

En su comunicado, el Ejecutivo autonómico ha recordado que el pasado 20 de febrero, complementado con otro escrito de 25 de febrero, los Servicios Jurídicos de la Junta recibieron por parte de las Cortes de Castilla y León la petición de envío de documentación que sus servicios jurídicos diferencian entre expedientes administrativos previos a la investigación penal, documentación propiamente judicial y documentación procesal de las partes personadas.

Respecto a la primera, constituye la mayor parte y la más voluminosa que "sí debe enviarse desde la Junta de Castilla y León a las Cortes", mientras que la segunda incluye las resoluciones judiciales, diligencias de ordenación o autos y los documentos administrativos o técnicos nuevos que se van elaborando e incorporando judicialmente al proceso de investigación, y la tercera son documentos de representación y defensa o acusación, dos apartados los cuales "no pueden enviarse desde la Junta".

RECLAMARSE A LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Estando en marcha investigaciones y procesos penales en los Juzgados sobre la materia solicitada, la Dirección de los Servicios Jurídicos entiende en su informe que la documentación judicial debe reclamarse a los órganos judiciales que los están tramitando, como así se intentó por las Cortes, y que obtuvo la negativa de los mismos a su entrega, en protección del proceso judicial y de las garantías procesales y de defensa de las partes en el litigio, según ha recordado la Junta.

Por esta razón, también la Dirección de los Servicios Jurídicos adjuntó, antes de emitirlo, su proyecto de informe a los Juzgados afectados, en el que limita la documentación a entregar a la sede parlamentaria, con el fin de su constancia y conocimiento el estado de la tramitación de las solicitudes que habían efectuado las Cortes.

Con ello, los Servicios Jurídicos evitan a la Junta de Castilla y León "encontrarse posteriormente con acusaciones por delito de desobediencia a lo ya acordado por el Juzgado de no entrega, o con la posibilidad de interposición de denuncias o querellas por aquellas personas que están siendo investigadas en los procedimientos penales".

En cualquier caso, subraya que la aplicación "práctica y real" de lo expuesto en el informe de los Servicios Jurídicos sobre la documentación trasladable se traduce en que "el 90 ó 95 por ciento de toda la documentación solicitada por los grupos políticos de la Cámara ha sido entregada y puesta a disposición de la comisión" y sólo un cinco o un diez por ciento no", teniendo esta última además una naturaleza técnico jurídica para las defensas y acusaciones en el ámbito penal "que en nada entorpece el funcionamiento de la comisión parlamentaria".