AMPL.- El Pleno Diputación aprueba mociones de apoyo a ayuntamientos y de petición de fondos para crisis

El Pleno de la Diputación de Sevilla, en sesión ordinaria, ha aprobada sendas mociones de reconocimiento, apoyo y refuerzo de los ayuntamientos y de petición de fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria social y económica provocada por la Covid-19.
Pleno ordinario de la Diputación de Sevilla
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DIPUTACIÓN DE SEVILLA
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En este sentido, la primera de ellas, presentaba por el Grupo Socialista, insta a la Junta de Andalucía a aumentar las partidas en materia de empleo, principalmente del Plan Aire, "al menos en las cuantías de la convocatoria de 2018", así como al Gobierno de España a que permita el uso de inversión en el propio ámbito local.

En esa propuesta, se insta a la Junta de Andalucía a que "aclare cómo va a gestionar la Renta Mínima" y a que ponga los mecanismos precisos parea que la 'tarjeta monedero' sea gestionada por los Servicios Sociales Municipales. En este sentido, la diputada provincial Ana Isabel Jiménez ha criticado al gobierno autonómico por "saltarse a las administraciones locales en esa iniciativa, que tiende a un modelo de privatización". La moción, que ha incorporado algunas enmiendas del PP, alusivas a que "se pidan también más recursos al Gobierno y no solo a la Junta", ha salido adelante con los votos del Grupo Socialista, el voto en contra de Vox y la abstención del resto de formaciones.

Por otra parte, la moción del PP, que solicitaba fondos extraordinarios a las distintas administraciones para "hacer frente a la crisis derivada del coronavirus", ha contado con el respaldo de todos los Grupos con la excepción de Vox, que ha decidido abstenerse.

La diputada del Grupo Popular María Eugenia Moreno ha insistido en la necesidad de que el Gobierno Central autorice el uso del superávit de los ayuntamientos, "punto clave de la moción", así como que se flexibilice la regla de gasto. Desde Adelante, a través de su diputado José Manuel triguero, han pedido a la Junta aumentar la dotación del Plan Aire y nuevas convocatorias de planes de empleo para 2021, sin olvidar la creación de "un fondo social de ayudas directas" para paliar los efectos negativos de quienes peor lo están pasando. El diputado de Ciudadanos (Cs) Manuel Benjumea, por su parte, ha instado al Ejecutivo Central a que "devuelva a las comunidades autónomas el dinero adeudado en concepto de IVA".

Asimismo, el Pleno ha aprobado la moción presentada por Adelante Andalucía para pedir al Gobierno de España a que modifique la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que la regla de gasto "permita a las administraciones públicas abordar la situación actual de crisis económica y social".

La propuesta, que ha contado también con los votos favorables de PSOE, PP y Cs, insta a que se permita la contratación, "con carácter temporal y excepcional", de personal de limpieza y desinfección, de trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y demás personal necesario en servicios esenciales gestionados directamente por Entidades Locales.

De otro lado, no ha sido aprobada una moción de Vox en demanda de celebrar cada 15 de junio el "Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez" mediante iniciativas que rechacen y condenen cualquier tipo de abuso o violencia que se ejerza o inflija a nuestros mayores, una propuesta con la que se reclamaba además una placa conmemorativa o monolito en recuerdo de los mayores fallecidos en la pandemia en lugar destacado de la Sede Provincial.

En el texto de la moción, Vox señalaba "la indignación de todos ante la escena dantesca al descubrir, una vez iniciadas las actuaciones de desinfección en algunas residencias por parte de la UME, la localización de cadáveres en proceso de putrefacción sin aislamiento por el colapso de las funerarias", extremo sucedido en Madrid, criticando dicho partido "la falta de respuesta inmediata por parte del Gobierno, dejando en evidencia la nefasta gestión y la falta de previsión por parte de los dirigentes políticos actuales", toda vez que el Ejecutivo central viene defendiendo que la inspección de las residencias es una competencia de ámbito autonómico.

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