Para corregir este indicador se está culminando la elaboración de un Plan Económico-Financiero 2020-2021. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que, en caso de incumplimiento de alguno de los parámetros se formule un plan que permita en el año en curso y el siguiente la corrección de este índice.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha detallado que el Consistorio cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, objetivo de deuda pública y plazo de pago a proveedores, "lo que pone de manifiesto una salud financiera sólida".

Tanto de dicho informe como del análisis de la evolución de las principales magnitudes presupuestarias, se concluye la situación saneada, en términos económico-financieros, de la que goza el Consistorio malagueño.

De hecho, ha incidido, "cumplimos con el objetivo de deuda pública, no solo no excedemos los límites de deuda sino que estamos 50 puntos por debajo del máximo legal; cumplimos con la estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento presenta capacidad de financiación consolidada".

"No tenemos déficit, no hemos gastado más de lo ingresado y hemos cerrado el ejercicio 2019 con remanente positivo de tesorería y con un superávit presupuestario de más de 48 millones de euros; tenemos sostenibilidad financiera, el período medio de pago a proveedores del mes de abril se sitúa en unos 23 días aún gestionando en una situación excepcional de pandemia; y estamos al corriente en cuanto a obligaciones tributarias y frente a Seguridad Social", ha subrayado el edil.

En lo que respecta a la regla de gasto, es un límite por el cual las administraciones públicas no pueden crecer anualmente por encima del porcentaje que cada año fija el Gobierno de España.

Para el año 2019, el Gobierno permite que el incremento de gasto sobre el realizado el año anterior -la tasa de variación- sea del 2,7 por ciento. Para calcular este indicador se toma como referencia el gasto ejecutado -no el gasto presupuestado, ni los ingresos previstos- por el Ayuntamiento y sus organismos en 2018 -sin contar gastos financieros- y se le aplica un incremento del 2,7 por ciento, resultando el techo máximo.

En el caso del Ayuntamiento de Málaga este incremento se ha situado en un 4,9 por ciento, dos puntos porcentuales por encima del 2,7 por ciento, lo que se traduce en un importe de unos 12 millones de euros. Es decir, no se han realizado gastos sin cobertura presupuestaria, sino que específicamente el porcentaje de lo realizado ha sido superior al crecimiento fijado por el Gobierno, ha explicado Carlos Conde.

En 2019, este aumento en la ejecución del presupuesto se da por circunstancias puntuales y resulta de la suma del gasto ejecutado por las entidades municipales.

No obstante, cabe indicar varias circunstancias que han podido repercutir en ese mayor gasto, como una mayor ejecución de inversiones de lo previsto inicialmente en base a esta regla, mayores gastos derivados de cumplimiento de convenios colectivos, incremento de transferencias para distintos servicios y más incorporaciones de remanente.

Por tal motivo, la Ley establece que se formule un plan económico-financiero 2020-2021 que consiste en ratificar que en estos dos años no se va a superar la regla de gasto. El Área de Economía y Hacienda, en coordinación con Intervención General, está culminando su elaboración para llevarlo a aprobación por el Pleno y su remisión a la Junta de Andalucía.

Asimismo, este plan económico lo que vendrá es a reflejar los escenarios 2020 y 2021 que permita que no se sobrepase el porcentaje de crecimiento y garantizará tanto a Estado como a Junta el cumplimiento del techo de gasto.

En este punto, Conde ha incidido en que no se trata de un plan de ajuste y ha recordado que no es la primera vez que se efectúa un plan de este tipo, ya que se llevó a cabo también en los años 2016-2017 por el mismo indicador. "Hemos dado ejemplo en otras etapas de que sabemos reconducir situaciones imprevistas e incluso las subsanamos antes de lo previsto", ha destacado.

SITUACIÓN EXCEPCIONAL POR LA PANDEMIA

Pro otro lado, el concejal de Economía ha añadido que no es una circunstancia particular o excepcional del Ayuntamiento de Málaga ya que, según la información hecha pública por el propio Ministerio de Hacienda, el conjunto de las Corporaciones Locales ha registrado un aumento del 5,1 por ciento en el gasto computable del ejercicio 2019, lo que supone el incumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio.

Y todo ello se da, ha subrayado, en un momento de crisis sanitaria por la pandemia "con notorias consecuencias económicas, y en el que los ayuntamientos están realizando gastos extraordinarios -que al ser imprevistos no están recogidos en el presupuesto aprobado para 2020- para mantener y reforzar los servicios que se prestan a la ciudadanía; y en un contexto de incertidumbre por la caída de ingresos en muchos conceptos".

"Si no estuviéramos en una situación excepcional por la pandemia, el Plan Económico-Financiero se subsanaría solo manteniendo las magnitudes presupuestarias actuales de 2020 y las previsiones tendenciales para 2021", ha explicado el edil.

Al respecto, ha añadido que "al tener que reflejarse y contabilizarse en dicho plan las acciones y gastos extraordinarios que se están efectuando para atender a la población y mantener los servicios, resulta necesario y conveniente que el Gobierno Central permita usar también el superávit para cubrirlos y facilitar a las administraciones locales que puedan corregir la regla de gasto", ha incidido Conde.

Por ello, ha vuelto a insistir en que, ante esta situación que se da en ayuntamientos con gobiernos de todos los signos políticos, el Ejecutivo Central debe flexibilizar, tal y como se ha pedido también desde la Federación Española de Municipios y Provincias, las reglas fiscales -como la regla de gasto- para que las administraciones municipales, en un momento como el que se vive por la pandemia, puedan hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la misma y desarrollar planes de reactivación y ayudas.

También que se elimine la restricciones del destino del superávit que actualmente solo se puede usar para amortizar deuda y, en un 20 por ciento, para gasto social vinculado a la COVID-19. "Más aún cuando esta flexibilización ya se ha producido para las Comunidades Autónomas", ha concluido.