Luengo ha transmitido esta petición en el Consejo Consultivo de Política Agraria y Política Pesquera, convocado por el Ministerio, así como en una carta dirigida al titular del ramo, Luis Planas, en días pasados, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Luengo ha señalado que entre el articulado de este proyecto se apunta que "los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se computarán, en todo caso, desde su otorgamiento, e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en las leyes vigentes, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en el referido artículo".

Para el titular de Agricultura, "se trata de un vuelco normativo en un punto crucial, la duración de las concesiones, que con esta reforma quedarán reducidas, al descontarse del plazo de duración legalmente previsto para las prórrogas extraordinarias -actualmente hasta 40 o 50 años más, según el caso- el número de años ya disfrutados durante el período de vigencia ordinario de la concesión, normalmente 30 años", lo que "resulta extraordinariamente lesivo para las empresas del sector".

Luego ha afirmado que "dada la importancia que representa el sector de la acuicultura en la economía de la Región de Murcia, y atendiendo a las peticiones del mismo, pedimos al Ministerio que ofrezca información al respecto y, si hay algo que cambiar, debe ser estudiado antes y consensuado con el sector y con las administraciones implicadas".

El consejero también se ha posicionado en la reunión sobre la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, de Marco Financiero Plurianual 2021-2027, al que se acompaña un nuevo Instrumento de Recuperación Económica para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el impacto de la covid-19 en los estados miembros de la Unión Europea.

"La Región de Murcia pone de manifiesto la necesidad de mantener un presupuesto adecuado que permita la consecución de los objetivos medioambientales y de sostenibilidad, que sin duda se han visto intensificados conforme a las nuevas estrategias 'de la granja a la mesa' y 'biodiversidad horizonte 2030'".

Asimismo, ha manifestado que "estas exigencias deben ir acompañadas de compensaciones al sector agrario, que permitan que los agricultores puedan seguir garantizando la seguridad alimentaria en toda la Unión Europea. La crisis de la covid-19 ha evidenciado nuestra dependencia de los agricultores para asegurar el abastecimiento de alimentos en los hogares".

En consecuencia, "el Gobierno regional reclama un presupuesto para la PAC más ambicioso, en ningún caso inferior al establecido en el actual Marco Financiero" y "una negociación eficaz de la asignación de los 30.000 millones de euros del nuevo Fondo para la Transición Justa, destinados de manera exclusiva para los agricultores y ganaderos de las zonas más afectadas por el cambio climático".

Asimismo, ha solicitado el mantenimiento de las disposiciones y límites del presupuesto de 2020 para 2021, e incluso para 2022, al objeto de "abordar la situación de incertidumbre en la que se encuentra nuestro sector agrario", ha concluido.