Así lo han defendido este jueves en rueda de prensa a las puertas del Ayuntamiento, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Córdoba, Isaías Ortega, y los responsables de Sanidad de FeSP UGT Córdoba, José Juan Fernández, y de la Sección Sindical de Servisar S.L., Rosario Crespo.

Según han argumentado los sindicalistas de UGT, "estos momentos de crisis sanitaria" han servido para "comprobar la cruda realidad de los servicios públicos en manos de las empresas privadas, que no han estado a la altura ante esta pandemia, y este es el caso de la empresa" adjudicataria del SAD del Consistorio, que el sindicato denunciado "ante la Inspección de Trabajo, por incumplimiento del convenio colectivo de forma reiterada".

De igual modo, el sindicato ha "tenido que acudir a la Fiscalía, debido al abandono que han sufrido las trabajadoras en materia de prevención laboral ante la pandemia sanitaria", y por ello en UGT creen que "hay que reabrir el debate de la municipalización, entre otras cuestiones porque es la forma más eficiente, más sostenible y eficaz de gestionar el SAD".

Para los dirigentes de UGT, "no es solo una cuestión laboral, sino de mejora en las prestaciones para los usuarios de este servicio, y tampoco es una cuestión que se pueda limitar a lo meramente económico en los costes del SAD, sino de protección de las personas dependientes y de las trabajadoras", que son "trabajadoras pobres, que sufren una elevada precariedad laboral", y "no es comprensible" que quienes "se encargan del cuidado de nuestros mayores dependientes estén en situación de pobreza, siendo trabajadoras esenciales".

Además, "teniendo en cuenta la crítica situación actual, en la que el Ayuntamiento no ha sacado la nueva licitación en tiempo y forma, y que se pretende mantener" a la actual adjudicataria "con una nueva prórroga forzosa, es un motivo más que suficiente para considerar de urgente necesidad la municipalización del SAD".

A esto hay que sumar, según han señalado los sindicalistas de UGT, que "la actual empresa adjudicataria, Servisar Servicios Sociales, S.L,, dependiente del grupo Domusvi, nuca ha cumplido con lo contratado, y tampoco se ha hecho responsable la Delegación de Servicio Sociales de esta situación de irregularidad administrativa o ilegalidad en el cumplimiento de los pliegos de clausulas administrativas firmadas con el Ayuntamiento".

Por eso y a juicio de UGT, el gobierno municipal de PP y Cs tiene "la obligación legal y moral de cumplir con sus funciones de servidores públicos y dejar de estar a las órdenes de sus conveniencias políticas, dando soluciones reales y efectivas a los problemas de los ciudadanos, como es el caso que nos ocupa del SAD, y sacar del abandono histórico a más de 950 trabajadoras".