El secretario general de La Unió de Llauradors, Carles Peris, ha presentado ante los parlamentarios nueve propuestas concretas de futuro para contribuir a la recuperación económica y social.

Así, ha pedido que la nueva PAC vaya prioritariamente a agricultores y ganaderos profesionales y pymes agrarias sin importar el sector donde estén enmarcados y el histórico de ayudas; una lista de prácticas comerciales desleales prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena agroalimentaria; crear un clúster agroalimentario de conocimiento valenciano; y aumentar la investigación pública para desarrollar variedades públicas protegidas adaptadas a las nuevas demandas de mercado y a las condiciones agronómicas.

También ha propuesto desarrollar un instrumento público de estabilización de ingresos dirigido al menos a los profesionales de la agricultura y la ganadería; que las administraciones mancomunen servicios que favorezcan la puesta en el mercado de productos agrícolas y ganaderos, su transformación y venta directa; así como la creación de una red de emprendimiento y viveros de empresas agrarias para incrementar el éxito de las incorporaciones de jóvenes.

En cuanto a las relaciones comerciales con países terceros y la importación de productos agrarios en la UE, ha planteado una revisión de la normativa relativa a la preferencia comunitaria y la reciprocidad a las producciones procedentes de terceros en cuanto a exigencias laborales, fitosanitarias o de condicionalidad.

La Unió ha planteado como novedad que ante cualquier tratado o acuerdo con países terceros que afecten a los intereses agrícolas valencianos los servicios jurídicos de la Generalitat emitan un informe completo de las consecuencias que tendrá en la viabilidad de los cultivos.

Sobre las políticas para agricultores, ganaderos y mundo rural, Peris ha abogado por simplificar y acortar las tramitaciones ante la administración; medidas para evitar la conocida 'uberización' del campo; y un estudio de adaptación del sector al cambio climático en el que se identifiquen zonas y sectores vulnerables e impacto.

SEGURIDAD SANITARIA Y ALIMENTARIA

Carles Peris ha subrayado que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de reforzar el papel de las administraciones en los ámbitos relativos a la seguridad sanitaria y alimentaria. Ahora, ha dicho, "hay que trabajar para que el gasto público impulse estos dos aspectos".

Además, ha puesto de manifiesto también que el sector agrario valenciano necesita un punto de equilibrio económico entre la economía de mercado y el hecho de ser considerado estratégico para la producción de alimentos: "Hay que planificar y establecer una dotación económica suficiente para la investigación pública, la formación y la seguridad alimentaria para proteger la agricultura y el medio rural. Puede ser sea el momento de definir una planificación estratégica de la producción para situaciones excepcionales cíclicas", ha afirmado.

Asimismo, se ha referido a la necesaria interlocución con las administraciones y ha reclamado una Ley de Creación del Consell Agrario de la Comunitat Valenciana como órgano institucional para canalizar la participación de las organizaciones agrarias en la elaboración de las políticas de este ámbito.

"GOBIERNE QUIEN GOBIERNE"

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, ha pedido para la reconstrucción del sector "una hoja de ruta consensuada al menos a diez años, gobierne quien gobierne, para reconducir el rumbo desnortado y suicida de las políticas agrarias".

En su intervención, ha pedido a todos los partidos que busquen "un camino de consenso, aparcando ideologías y poniendo todos de su parte pragmatismo, respeto, inteligencia y generosidad" y ha advertido: "De Madrid no podemos esperar nada".

Ha expuesto, por tanto, una serie de reivindicaciones de competencia autonómica "que no cuestan dinero, únicamente voluntad política para su aplicación inmediata": un observatorio de precios que suministre una información al sector; el cálculo de los costes medios de producción; el control de las superpoblaciones de fauna salvaje; medidas contra los robos en el campo; la simplificación de la burocracia e inspecciones en puntos de venta.

Entre las medidas que sí exigen presupuesto, Aguado ha pedido "máxima prioridad al coste, introducir innovación y mejorar la comercialización y competitividad". Otras demandas son la modernización de regadíos y la garantía de agua para todos los cultivos; mejorar la sanidad vegetal -"la Xylella fastidiosa debería estar ya erradicada", ha dicho-; un mayor apoyo a los seguros agrarios y una mejor cobertura de los daños causados por fauna salvaje e, incluso, un fondo de compensación por los mismos.

Respecto a la estrategia medioambiental 'De la Granja a la Mesa', Aguado ha afeado que "la Comisión Europea renuncia a su soberanía alimentaria, tan puesta de manifiesto durante la pandemia, porque supondría reducir la producción agraria europea y depender cada vez más de los alimentos venidos de países terceros".

Aguado ha criticado también que se le impute al sector la contaminación del planeta, cuando "ha reducido un 20% sus emisiones desde 1990, apenas supone el 10% de las emisiones de Europa y es un gran fijador de dióxido de carbono". "¿Se enmascaran otros intereses? ¿Por qué no se rectifica tras comprobar la descontaminación experimentada con el Covid-19, cuando el sector agrario no ha parado y se ha visto claramente quién contamina y quién no?", ha cuestionado.

En conclusión, Aguado ha exigido que "el papel estratégico con el que las administraciones han considerado a la agricultura durante la crisis del Covid-19 no se quede en un lema engañoso, sino que se vea refrendado desde ya con suficientes medidas de apoyo". "¿Quién, ante una grave crisis, garantizaría que los terceros países seguirían exportando a Europa, a qué precios y en qué condiciones sanitarias", ha zanjado.

LAS COOPERATIVAS EXPONEN SUS REIVINDICACIONES

El presidente de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL), Emili Villaescusa, ha destacado durante su comparecencia en la comisión el papel de estas entidades en el empleo de la Comunitat y ha hecho hincapié en su mayor capacidad de resistencia ante crisis como la actual.

Entre las reivindicaciones que ha planteado, ha citado un decreto que regule las funciones de las cooperativas en la nueva normalidad, una mayor cooperación público-privada, medidas financieras para aumentar la liquidez de las cooperativas, un programa de créditos blandos y avales en colaboración con el IVF y las cooperativas de créddito o la revisión de las condiciones para acceder a las ayudas de apoyo a la economía social, además de una línea de ayudas para afrontar el impacto de la crisis.

También se ha referido a medidas fiscales como la deducción del tramo autonómico del IRPF para las aportaciones al capital social de las cooperativas. Asimismo, ha reclamado una reforma de la ley concursal para promover que empresas en crisis puedan cooperativizarse y salvar así su actividad.

Asimismo, Villaescusa ha abogado por la promoción del coworking para reducir costes o la economía colaborativa pero "no con precariedad laboral". Por último, ha reclamado tener más participación en el diálogo social.