Así lo ha trasladado este martes a los representantes sindicales de CIG-Ensino, CC.OO-Ensino, ANPE y FeSP-UGT durante la mesa sectorial de la enseñanza. La Xunta está buscando alternativas con sus servicios jurídicos que permitan sacar adelante esta posibilidad y, al mismo tiempo, blindar la oferta prevista para este año (que supera las 3.600 plazas).

A pesar de ello, Educación ha advertido de que el informe aclaratorio remitido por el Ministerio de Educación, que en un principio aseguraba que la solicitud tendría cabida en su propuesta de Real Decreto de función pública docente, no aporta garantías jurídicas para sacar adelante esta medida, por lo que optará por abrir las inscripciones con el fin de salvaguardar la convocatoria en los términos actuales.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)