La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación que "está siendo dialogada y coordinada con las comunidades autónomas" y que hay "consenso" para sacarla adelante. "Debe permitir que el ciudadano único, viva donde viva, tenga derecho a recibir un colchón de seguridad que le permita insertarse en el mercado laboral", dijo.

"Supondrá un antes y un después en la lucha contra la desigualdad porque nuestro país tiene una de las tasas de pobreza severa más elevadas de la Unión Europea y eso tiene especial repercusión en los niños y niñas", incidió.

Tal y como confirmó el sábado Pedro Sánchez y recordó ayer Montero, el IMV se aprobará mañana en el Consejo de Ministros y llegará a "850.000 hogares" en España. Los aspectos concretos de esa prestación se darán a conocer en

la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apuntó la portavoz del Gobierno. No obstante, algunos detalles ya han sido adelantados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ayer confirmó en una entrevista en El Periódico que la prestación oscilará "entre los 461 y algo menos de 1.100 euros" distribuida en 12 pagas.

El Gobierno se plantea que, en primera instancia, el IMV llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes. Esa cifra, precisó el ministro, "se corresponde con el 20% más pobre de la sociedad española", unos 600.000 hogares, según las estimaciones del Ejecutivo. "Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75% de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda", asegura el ministro Escrivá en esa entrevista. El titular de Seguridad Social también adelantó que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir el acceder al Ingreso Mínimo Vital. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros, pero Escrivá aseguró que "será menor", aunque no adelantó ninguna cuantía.

Escrivá también incidió en que "un porcentaje significativo de beneficiarios" del nuevo ingreso "será de origen extranjero, siempre que se constate que tenga residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forma parte de un hogar durante un año y que cumple las condiciones". Según las previsiones del Gobierno, se empezará a cobrar en junio