Así lo han indicado en un comunicado de prensa, en el que se reivindican como depositarios del apoyo de 150 centros, con sus claustros, direcciones y consejos escolares.

Este colectivo denuncia las consecuencias que están viviendo a raiz de la declaración sucesiva de estados de emergencia y la suspensión de actividades en los centros, dejando así de tener ingresos.

Asimismo, recuerdan que los puestos de trabajo en estos negocios no son "seguros ni siquiera a medio plazo", y las adjudicaciones se extienden "apenas dos años" por causa de una normativa que se olvida de que la mayoría de las concesiones son para "pequeños autónomos, y no grandes empresas".

Ante un escenario en el que ni siquiera saben cuando retomarán la actividad, han solicitado a la Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación que dicte las instrucciones oportunas para que estos contratos sean prorrogados de oficio durante dos cursos más, y para que se condone el pago del canon exigido para el presente periodo.