Esa partida total es la suma de la autorización para usar el superávit de la Comunidad Autónoma de 2019, con 389 millones; la participación de Canarias en el fondo estatal no reembolsable de 16.000 millones, con entre 600 y 700 millones; la posibilidad de generación de déficit público por valor de 300 millones y de casi 600 millones más que se destinarán a atender la financiación de cabildos y ayuntamientos.

Todo ello fue fruto del acuerdo alcanzado este miércoles en la reunión de la comisión bilateral de Hacienda y Gobierno de Canarias y que ha explicado en detalle Olivera, quien remarcó la importancia de poder "compensar la pérdida de recursos financieros de la administración regional y de las corporaciones insulares y locales" de las islas.

Olivera explicó que el superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2019, esos 389 millones de euros, se podrán gastar sin estar sujeta al "corsé" de las inversiones financieramente sostenibles.

Canarias también tomará parte del fondo estatal no reembolsable con entre 600 y 700 millones gracias a que se amplía la relevancia del factor poblacional y se acepta como criterio de reparto los PCR realizados, y no solo los positivos, dentro de la sección sanitaria (dotada con 10.000 millones).

CABILDOS Y AYUNTAMIENTOS PODRÁ COMPENSAR SUS TRIBUTOS DEL REF

Junto con la cantidad autorizada para déficit, el Gobierno central aportará también otros 600 millones de euros para cabildos y ayuntamientos por su pérdida estimada de recursos a través del Bloque Canario de Financiación, con el 58 por ciento de la recaudación de los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF) -entre los que destacan especialmente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Arbitrio a la Importación y la Entrega de Mercancías (AIEM)-.

Olivera consideró que con esta cantidad "se compensa de forma clara" la pérdida de ingresos de Canarias en 2020 y se atienden "con suficiencia los problemas sociales ocasionados por la pandemia" del Covid-19, pues la reducción de recursos con origen fiscal que estima el Ejecutivo autonómico ronda los 1.500 millones de euros.