De esta forma, los populares se lo han trasladado al gerente de Freshuelva, Rafael Dominguez, en un encuentro de trabajo telemático en el que han participado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González; el diputado nacional, Carmelo Romero; el senador, José Enrique Sánchez; el portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Senado, Jorge Martínez; y Amaya Landín, portavoz de Pesca del Grupo Popular en el Senado.

El presidente de los populares onubenses ha subrayado el "papel protagonista" que va a tener el sector de los frutos rojos para activar la economía en la provincia una vez que finalice el estado de alarma decretado por el Gobierno. "Como ya sucediera en la crisis de 2008, la agricultura volverá a convertirse en el principal motor de empleo y riqueza para la provincia de Huelva".

Asimismo, González ha mostrado su preocupación ante el hecho de que a los problemas generados por la pandemia de "falta de personal y el cierre de mercados", se suman a los problemas estructurales que "colocaron al campo en una situación límite" antes de la crisis sanitaria.

En este sentido, los populares se han comprometido a apoyar en las instituciones la solicitud de ayudas excepcionales del sector agrícola, así como exigir al Gobierno que "garantice la viabilidad de las explotaciones agrarias", ofreciendo solución a las necesidades de infraestructuras hídricas que pasan por la ejecución de la Ley del Trasvase.

Para el PP, las iniciativas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "son insuficientes y llegan tarde porque el sector lleva reivindicando desde 2018 una reacción del Estado". "El nuevo Gobierno andaluz ha estado desde el primer día escuchando a los agricultores y reclamando al Gobierno Central la adopción de medidas que ahora se han vuelto imprescindible para el campo", ha dicho en paralelo.

Al respecto, el presidente de los populares onubenses ha defendido algunas de las medidas que ha implantado la Junta de Andalucía para ayudar a los agricultores, destacando el adelantado del pago de 87 millones de la Política Agraria Común (PAC) o facilitar el transporte a los trabajadores del sector agroalimentario para desplazarse a las fincas donde tienen que recoger los frutos como venía solicitando Freshuelva.