En concreto, primero se ha debatido la propuesta del PI, defendida por el diputado Josep Melià. Además de la reducción de cuotas de autónomos, se reclama desbloquear el superávit de los ayuntamientos; modificar la concesión del endeudamiento ICO para mejorar su agilidad y acceso; y permitir moratorias de las obligaciones bancarias para empresas gravemente afectadas por la crisis, similar a la prevista para particulares en relación con la vivienda habitual.

Con todo, la Comisión ha rechazado un punto que pedía que las empresas que hagan un ERTE por fuerza mayor puedan obtener todos los beneficios previstos sin la necesidad de tener seis meses de actividad y mantener íntegramente la plantilla.

En segundo lugar se ha debatido una proposición no de ley de Cs, con la que se solicitan medidas para garantizar la productividad de la agricultura, la ganadería y la pesca balear. El texto plantea ayudas directas al sector mediante una iniciativa de inversión procedente de los Fondos de Política de Cohesión Europea, y solicitar la ampliación de plazos y la flexibilización de criterios de solicitudes de las ayudas de la Política Agraria (PAC), así como la simplificación de los seguros agrarios requeridos por la administración.

Por otro lado, pide al Govern que tenga previstas posibles contingencias como la actual en el futuro, y anima a difundir las ventajas y las características del producto local.

La Comisión no ha aceptado, con el voto en contra de PSIB, MÉS y Unidas Podemos, la exención del pago de cuotas por parte de los autónomos agrarios que planteaba Cs, que también reivindicaba una exclusión del pago de impuestos correspondiente al periodo de estado de alarma. Proponía que estos autónomos pudieran acogerse a una tarifa plana de 60 euros durante el año posterior y bonificar los contrataciones de personal durante el período de crisis.

El diputado de Cs Jesús Méndez ha valorado el apoyo al resto de medidas pero ha lamentado que no se facilite una tarifa plana de 60 euros a los autónomos agrarios.