Junta mantendrá los compromisos en construcción, obra pública e inversión productiva

La Junta de Castilla y León ha mostrado este lunes su voluntad de mantener los compromisos adquiridos en el ámbito de la construcción, la obra pública y la inversión productiva, condicionados por el marco económico aún indefinido derivado de la pandemia por el coronavirus, que ocasiona "incertidumbres en ingresos y gastos aún no despejadas".
Suárez-Quiñones participa en la reunión por videoconferencia con el sector de la construcción.
Suárez-Quiñones participa en la reunión por videoconferencia con el sector de la construcción.
JCYL

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el encuentro telemático que ha mantenido con ha mantenido con el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, y el presidente de la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción, Javier Vega, acompañados por sus nueve presidentes provinciales, así como el presidente de la Cámara de Contratistas y la gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León.

La adopción de medidas de agilización de procedimientos y simplificación de trámites administrativos, la sustitución de la figura de licencia previa por declaración responsable en determinados ámbitos, la modificación de la Ley de Urbanismo en aspectos como la densidad de construcción, el índice de la variedad de usos, y otros asuntos, como la improcedencia de la tasa de inspección y dirección de obra, la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas como una oportunidad esencial para la actividad económica del sector de construcción han sido algunos de los temas analizados en la reunión, en la que se han abordado compromisos y aclarado las actuaciones y previsiones al respecto de la Junta, según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

En este sentido, la Administración está estudiando la modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León para adaptarla, dentro de los parámetros que permita la legislación básica estatal y la normativa europea, a las necesidades que la realidad económico-social de la Comunidad imponen, en aspectos que coinciden con reivindicaciones del sector, con el que serán debatidas, así como con otros representantes de la parte social.

Por otro lado, ha confirmado el compromiso del Gobierno autonómico con las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Se ha recordado que tanto las áreas de regeneración y renovación urbana (ARU), como las líneas de subvenciones a la rehabilitación, siguen su curso de acuerdo con el marco financiero del Plan de Vivienda 2018-2021.

El consejero ha recordado que la Junta de Castilla y León aprobó el pasado mes de septiembre una subvención por importe de 11,4 millones de euros para la rehabilitación de 781 viviendas en diferentes ARU distribuidas por distintas provincias de CyL. Con esa última cifra, se habrán movilizado desde 2018 un total de 101,9 millones de euros a esta actividad que supone un claro apoyo e incentivo para la construcción.

Suárez-Quiñones ha informado de la intención de mantener las líneas de apoyo a los proyectos de rehabilitación edificatoria. En concreto se ha referido a las dos convocatorias que cada año se publican tanto para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas (dotada con 1,7 millones), como la destinada a la conservación y accesibilidad (dotada con otros 2,8 millones).

Sobre estas últimas ha informado que la convocatoria para este año 2020 estaba prevista para el pasado mes de marzo, pero la suspensión de plazos derivada del estado de alarma ha impedido su publicación. Por último, relacionado también con la rehabilitación, el consejero ha mantenido el compromiso de celebrar en Ávila el III Congreso ITE+3R, posponiéndolo al momento en que las circunstancias que rodean al coronavirus lo permitan.

Finalmente, el consejero ha informado de las incidencias que el Estado de Alarma ha supuesto en estas actuaciones, y la acción ejercida por la consejería para desbloquear la licitación de obras en las que concurren especiales circunstancias de interés general en relación a las previsiones al respecto de la normativa.

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