En un encuentro celebrado este lunes y que ha contado con la participación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha incidido en la necesidad de que las medidas aplicadas en España vayan en línea con las decisiones adoptadas en la Unión Europea (UE). De este modo, se ha llamado a tener en cuenta el impacto de instrumentos utilizados en otros países con el objetivo de evitar perjudicar la competitividad empresarial autóctona.

Asimismo, se ha apostado por que las administraciones públicas prioricen en sus actuaciones las empresas afectadas por medidas de contención derivadas de la crisis sanitaria y aquellas cuyo volumen de operaciones haya disminuido al menos un 35% respecto al año anterior, según ha trasladado la Consellería de Facenda.

Del mismo modo, el comité de expertos ha apostado por que el Gobierno central asuma el liderazgo de la primera fase de las decisiones y por que posteriormente se adopten medidas autonómicas y locales para evitar solapamientos entre las distintas administraciones. También se ha urgido un "esfuerzo presupuestario a corto plazo" para adoptar medidas que garanticen la liquidez de empresas y, así, evitar que una falta de solvencia genere la destrución de parte del tejido productivo.

IMPUESTOS ESTATALES

El comité de expertos ha planteado la eliminación de forma transitoria del sistema de pagos relacionados con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades para empresas afectadas por la crisis. También ha propuesto que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez modifique el plazo de declaración e ingreso de autoliquidaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los dos primeros trimestres de 2020.

Asimismo, se ha señalado la posibilidad de rescatar planes de pensiones sin penalización para inyectar liquidez a empresas, así como la de modificar la normativa de ingreso del IVA de facturas impagadas. Además, se ha insistido en la necesidad de agilizar el procedimiento de tramitación de la línea de avales habilitados mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las empresas puedan afrontar sus costes de mantenimiento y reorientar su actividad.

Además, se ha reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de ayudas para adaptar centros de actividad a los nuevos protocolos de seguridad, así como que anticipe el pago de prestaciones a empleados sometidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

A nivel autonómico, se ha planteado que la Xunta adopte un sistema de portelo único que asesore al tejido empresarial sobre las ayudas y tramitaciones que dependan de esta administración. También se han demandado un aumento de los avales del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para cubrir necesidades por más de 200.000 euros y que se amplíe el importe global de los mismos, situado en 250 millones de euros.

Los expertos también han abogado por establecer líneas adaptadas a las necesidades de distintos sectores y por agilizar el pago de las de liquidez, además de solicitar a la Xunta que las Sociedades de Garantía se orienten a pymes y autónomos excluidos de avales estatales. Para facilitar la liquidez, se ha llamado a las administraciones a agilizar los pagos a proveedores, así como los de subvenciones aprobadas.

En el ámbito local, el comité ha planteado la reordenación del calendario del cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para que converjan con los de los ayuntamientos que han optado por cobrarlos durante el último trimestre de 2020.

En ese sentido, se ha abogado por adoptar un acuerdo en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y, posteriormente, trasladar esa propuesta a nivel nacional mediante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En concreto, estos puntos han formado parte de la primera propuesta elaborada por el Comité de Expertos Economómicos de Galicia, que inició su labor de modo telemático el 15 de abril. Este grupo de trabajo está compuesto por expertos del ámbito académico, económico y empresarial de Galicia, además de por los conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez; Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; Medio Rural, José González; y Mar, Rosa Quintana.