Derechos Sociales pide al Gobierno una tramitación del ingreso mínimo vital "ágil y coordinada"

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha trasladado este lunes al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la necesidad de que el ingreso mínimo vital se articule de manera "ágil y coordinada" con el salario social básico, puesto que la nueva ayuda estatal será "en muchos casos, complementaria a la prestación autonómica", vigente desde 2005.
La portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, en rueda de prensa.
La portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, en rueda de prensa.
GOBIERNO DE ASTURIAS
La portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, en rueda de prensa.

"Queremos garantizar que las personas que ahora cobran el salario social pasen a percibir también el ingreso mínimo vital y no tengan que llevar a cabo gestión alguna, sino que se realice de forma automática y sencilla, y que se reduzcan al máximo los tiempos de espera", ha señalado la consejera tras celebrar una videoconferencia con el ministro acompañada por la directora de general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez.

"Para nosotros es fundamental evitar que la burocracia agrave la vulnerabilidad social y económica en la que se encuentran las personas beneficiarias del salario social básico", ha destacado Álvarez.

Durante la videoconferencia celebrada esta mañana, los representantes del ministerio han avanzado que esta prestación tendrá en cuenta ingresos, patrimonio y número de integrantes de la unidad familiar. También se tomarán en consideración los incentivos al empleo y las medidas de incorporación social.

Aunque el ministerio no ha concretado la cuantía ni los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital, Melania Álvarez ha insistido en la necesidad de articular "sistemas de pasarela" con las comunidades autónomas cuando finalice el diseño de la prestación estatal.

Actualmente, 22.000 familias perciben en Asturias el salario social básico, de manera que se da cobertura al 4,4% de la población. En función de la configuración final del ingreso mínimo vital, estos hogares podrían tener derecho también a la prestación nacional. Ante esta circunstancia, el Principado aboga por realizar un "trasvase automático entre ambas prestaciones", de manera que se eliminen cargas burocráticas a la ciudadanía y a las propias administraciones, contribuyendo así a que la implantación de la nueva renta mínima estatal "sea rápida y eficaz".

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