El Gobierno ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial que desarrolla la nueva ayuda del Plan Estatal de Vivienda para el pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables sobrevenidos por la epidemia de COVID-19, en la que se incluye un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables para facilitarles una "solución habitacional inmediata" mediante una ayuda económica.

En el texto, en el que se explica que la ayuda podrá ser de 600 euros al mes o de hasta 900 en algunos casos, se establece que los Gobiernos autonómicos "pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública aunque mantenga la titularidad privada" que tenga las condiciones adecuadas, "para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho".

Sin embargo, PP y Vox han criticado que, acto seguido, la orden señale que "cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".

Aunque el secretario general de Vivienda, David Lucas, ha negado a Europa Press que esa orden faculte expropiaciones de viviendas privadas o ampare ‘okupaciones’ u otras prácticas ilegales, PP y Vox lo han dejado caer.

"El exprópiese ha llegado a España", ha escrito en Twitter el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, emplazando a actuar al Tribunal Constitucional. El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch había afirmado antes en la misma red que el Gobierno ha "colado en Semana Santa" una abolición de "la propiedad privada de la vivienda".

Ante esto, Lucas ha recalcado que "el texto habla claramente de regímenes admitidos en derecho". "No se está habilitando la 'okupación', no estamos permitiendo nada ilegal, solo se faculta a las comunidades autónomas para que con esa ayuda se pague una vivienda", ha remarcado. "En ningún caso se está amparando ningún tipo de ilegalidad, el texto es perfectamente legal y constitucional", ha insistido el Secretario General de Vivienda.