Las juntas de jueces convocadas mañana en los tribunales de toda España tratarán de establecer una delimitación de la carga de trabajo que puede asumir cada órgano, analizarán cuántos juzgados necesita cada partido judicial y expresarán su rechazo a las injerencias políticas.

El detonante ha sido el expediente disciplinario al juez de Sevilla Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, tras lo que se ha producido, según los jueces, una crítica "desproporcionada" por parte de algunos responsables políticos.

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha explicado tras reunirse con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, que cuando se supere la carga real de trabajo "los casos que entren ni se archiven ni se repartan".

En las juntas coinciden con el paro de tres horas que han convocado los secretarios judiciales en protesta por la sanción de dos años de suspensión a su compañera del juzgado de Tirado. Los jueces analizarán también un comunicado suscrito por magistrados del Tribunal Supremo en el que se califican como "intolerable" todo intento de ejercer presión sobre el CGPJ, al que piden que esté a la altura de su papel institucional.

En éste, que consta de cinco puntos, se subraya que "los órganos disciplinarios del Poder Judicial están obligados a decidir sólo en Derecho y exclusivamente sobre el caso, desatendiendo por tanto eventuales demandas sociales o políticas 'justicialistas' y de 'ejemplaridad'". Además se estudiarán otros documentos donde se recuerdan los fallos y carencias del sistema como la sobrecarga de trabajo y la falta de modernización.

Por su parte el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha apelado a la responsabilidad de los jueces para que las juntas no ocasionen perjuicios a los ciudadanos. Se lo ha pedido a los representantes de las asociaciones judiciales y a catorce jueces decanos, con los que se ha reunido hoy para abordar el malestar en la carrera judicial tras las "injerencias políticas" que se han producido a raíz del llamado "caso Mari Luz".

Los jueces han pedido a Dívar que el Consejo abandere la solución a los problemas estructurales de la Justicia y que se defienda con mayor contundencia de las intromisiones de dirigentes políticos en el Poder Judicial. El CGPJ, por su parte, cree que las juntas de jueces no son un mecanismo de presión, sino el medio por el que los jueces pueden expresar sus reivindicaciones.

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