Con esta meta, el sindicato le ha trasladado a la Federación Galega de Muicipios e Provincias (Fegamp) un documento que recoge diferentes propuestas que las localidades pueden implementar dentro de sus competencias.

En primer lugar, CC.OO pide la aprobación de un plan de medidas fiscales para bonificar el 95% de los impuestos municipales de 2020 a estas unidades familiares que acrediten ingresos pér cápita inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) situado en los 537,84 euros mensuales.

A nivel laboral, solicitan el mantenimiento de los contratos públicos dependientes de la administración local de las empresas subcontratistas. Al mismo tiempo, recuerdan que debe garantizarse un servicio de acogida para las personas sin hogar, la alimentación de los menores ante el cierre de los centros educativos y la declaración de "servicio esencial" de los Centros de Información a las Mujeres (CIM), para mantener la red de apoyo contra la violencia machista.

Respecto a los servicios de ayuda a domicilio, creen que debe suspenderse el servicio de libre concurrencia y priorizar la atención de grandes dependientes y personas sin red familiar de apoyo con la puesta en marcha de personal de refuerzo.

Para todo ello, la fuerza sindical apuesta por utilizar el superávit que los ayuntamientos han acumulado en estos últimos ocho años que, según CC.OO, asciende a 900 millones de euros.

RECLAMACIONES UGT

Por otra parte, Unión General de Trabajadores (UGT) denuncia el envío a los ayuntamientos de material de protección no homologado, por lo que advierten a las empresas y personal del Servicio de Atención no Fogar (SAF) que traten con personas especialmente vulnerables que "este material no debería ser utilizado porque no protege adecuadamente de enfermedades contagiosas".

Este sindicato califica de "grave irresponsabilidad" la distribución de este material que "pone en peligro" a los más mayores, ya que "dan una falsa sensación de seguridad y pueden propiciar situaciones de contacto que en otras condiciones no se darían".

Por todo ello, UGT ha exigido que las administraciones públicas responsables den a conocer la dotación por ayuntamiento, que detallen el origen y el distribuidor del material enviado para que se verifique si el material de protección del personal está homologado o no.