El estado de alarma decretado por el Gobierno con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus, que ha contagiado a miles de personas en España, determina la suspensión de los plazos para cuestiones procesales, administrativas y con ello los que hagan referencia a multas. El cómputo de los plazos se  reanudará en el momento en el que finalice esta nueva situación en la que va a entrar el país a partir del lunes. Inicialmente las medidas tienen una vigencia de quince días, pero podrían prorrogarse. 

El decreto que limita la circulación de los ciudadanos en toda España permite a las personas volver a sus casas

En materia de justicia, “se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales”. El real decreto que determina el estado de alarma establece no obstante que el juez o el tribunal podrá acordar la práctica de cualquier actuación judicial que sea necesarias para evitar "perjuicios irreparables" en los derechos e intereses de las partes de un proceso.

En el ámbito penal, “la interrupción no se aplicará a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenidos, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores”. Además el juez o tribunal que esté instruyendo un caso podrá determinar que se lleven a cabo las actuaciones que considere inaplazables.

Quedan igualmente exceptuados el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de las personas en los procesos contencioso-administrativos; los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en el caso de la jurisdicción social; a autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, y la adopción de medidas o disposiciones de protección de los menores.

Plazos administrativos

Se suspenden asimismo los plazos en todo el sector público, definido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Nuevamente aquí se puntualiza que el órgano competente podrá acordar, siempre que lo motive, "las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que este manifieste su conformidad" o cuando el interesado esté de acuerdo con que no se suspenda el plazo.

En este supuesto se encuentran las multas y por ello la norma recuerda que no afectará a los procedimientos y resoluciones que se deriven de situaciones estrechamente vinculadas a medidas decretadas en el estado de alarma.