De esta forma, la entidad se suma al planteamiento realizado por el Cermi Estatal, que señala que, como medida instrumental, hay que garantizar la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicacionales que las autoridades públicas están dirigiendo a la población general sobre la pandemia.

"Si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no están llegando a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo que se perjudica a las personas con discapacidad", han explicado.

Respecto de las medidas de fondo, el movimiento de la discapacidad exige a las comunidades autónomas, como responsables de los servicios sociales que, durante las clausuras, cierres y suspensiones de servicios, la financiación de la Administración pública continúe, y "no se haga recaer el quebranto económico sobre las entidades que gestionan esos servicios sociales de atención a personas, por delegación pública, como si se las castigara cuando se trata de una situación de fuerza mayor".

En relación con una posible prestación transitoria de Seguridad Social que se cree para los progenitores que deban permanecer en domicilio cuidando a sus hijos cuyos colegios o centros de atención social hayan cerrado, el Cermi pide que se incremente un 25% si estos tienen reconocida discapacidad, por el mayor sobrecoste que comporta la atención a las situaciones de discapacidad.