Gabriel Fernández tenía ocho años cuando el 22 de mayo de 2013 murió a causa de la paliza que le propinaron su madre, Pearl Fernández, y el novio de esta, Isauro Aguirre, en su casa en Palmdale, en Los Ángeles (EE UU). Fueron ellos quienes pidieron ayuda a emergencias porque el niño había dejado de respirar, pero las asistencias sanitarias no pudieron hacer nada por salvar su vida y falleció dos días después.

Netflix presenta esta nueva serie documental de seis episodios en los que su director, Brian Knappenberger, denuncia las graves deficiencias del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares estadounidense a través de la cruel historia de Gabriel, que no recibió ayuda a pesar de que los abusos que sufría fueron denunciados en varias ocasiones.

El pequeño Gabrielito, como le llamaban cariñosamente sus familiares, se crió entre la casa de sus abuelos y sus tíos. Según la familia, entrevistada en el documental, su madre no había querido tener el bebé, y aunque siguió adelante con el embarazo, le dejó en el hospital al nacer.

"Era muy buen niño, muy alegre y amoroso", dicen sobre él sus parientes más cercanos, quienes muestran documental imágenes de un niño feliz y sano. Su pesadilla comenzó tras cumplir 7 años, cuando su madre reclamó su custodia y lo llevó a su casa junto a ella, su pareja y sus dos hermanos para comenzar a cobrar las ayudas del estado.

Allí, durante ocho meses, Gabriel recibió todo tipo de golpes y abusos, desde apagar cigarrillos en su cuerpo hasta ser disparado con una pistola de aire comprimido. "¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos?", le preguntó el pequeño a Jennifer García, una de sus profesoras, que rápidamente se alarmó por la situación. La maestra cuenta en el documental que el niño también le preguntó si era normal que le golpearan con la hebilla del cinturón o si era normal sangrar.

García se puso en contacto con los servicios de protección de menores pero no sirvió de nada. Con el paso de los meses, la maestra vio como Gabriel llegaba cada vez en peores condiciones a clase: le faltaban mechones de pelo, tenía heridas en el cuero cabelludo, los labios hinchados y moratones en el rostro.

No fue la única que contactó con los servicios sociales, numerosos miembros de su familia también lo hicieron, pero los continuos avisos no fueron suficientes para impedir la muerte de Gabriel, que falleció el 24 de mayo de 2013, dos días después de haber sido declarado con muerte cerebral, a causa de una fractura de cráneo.

Llegó al hospital con el cráneo agrietado, tres costillas rotas, quemaduras en la piel, las manos hinchadas, los dientes golpeados con un bate y los pulmones y la ingle gravemente dañados por perdigones. "Tenía una fractura de cráneo deprimida, lo que significa que se podía sentir su cráneo", explica muy conmocionada una de las enfermeras que lo atendió en el hospital.

La profesional explica que el niño tenía el cráneo "abollado y se podía sentir crujiendo en su cabeza. Recuerdo que su garganta parecía que alguien la hubiese quemado. Moretones y cortes en toda la cara. Ojos negros, cortes en todas partes... En cada parte de su cuerpo había algo". También "tenía balines en el pulmón y en la ingle, quemaduras de cigarrillos porque los apagaban en él".

Los hermanos de Gabriel, Ezequiel y Virginial, revelaron durante el juicio, donde declararon a puerta cerrada por ser menores de edad, que Gabrierl era atado, amordazado y azotado. Que su madre y su pareja sentimental lo encerraban en un armario en su habitación y no le daban de comer ni le dejaban ir al baño. Los niños declararon también que Aguirre le obligaba a comer arena para gatos y sus heces.

Isauro Aguirre fue sentenciado a muerte por el asesinato y el abuso de Gabriel, a quien golpeaba fuertemente llamándole "gay", según desvelaron sus hermanos, y está a la espera de ser ejecutado en la cárcel de San Quintín, en California.

Por su parte, su madre, tras conocer el veredicto de su novio, se declaró culpable para evitar el juicio y la pena de muerte, y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las dos trabajadoras sociales Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, encargadas del caso, y los supervisores Gregory Merritt y Kevin Bom, todos ellos despedidos tras la muerte de Gabriel, fueron acusados en 2017 de abuso infantil y falsificación de archivos públicos, aunque los cargos penales fueron desestimados en enero de 2020.