Por una parte, el Gobierno ha dado luz verde al acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide, que supone que el organismo autónomo destinará 50,6 millones de euros este año a las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

En 2019, fueron 75 los centros especiales de empleo que se beneficiaron de esta medida, con una plantilla anual media de 10.145 personas con discapacidad.

Esta cifra fue superior a la de los años precedentes, ya que en 2018 la plantilla media era de 9.635 y en 2017 de 9.374. Esto supone que en 2019 el número de personas con discapacidad contratadas por los centros especiales de empleo creció en 510 personas.

Esta medida tiene como fin promover el acceso de las personas con discapacidad a la actividad laboral estable y de calidad y está enfocada a financiar los costes salariales de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.

Además, el Consejo de Administración del Servicio Vasco de Empleo ha acordado otras dos medidas que tienen por objeto ayudas destinadas a ofrecer apoyo a las personas con discapacidad para que puedan desarrollar sus tareas profesionales tanto en los centros especiales de empleo como en empresas ordinarias.

En concreto, Lanbide invertirá un millón de euros en las ayudas destinadas a las actuaciones de Empleo con Apoyo como medida para incrementar la incorporación en el mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Además, destinará otros cinco millones de euros a la convocatoria de ayudas para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los centros especiales de empleo situados en nuestra comunidad autónoma este año.

Los Centros Especiales de Empleo disponen de un mes de plazo, desde la publicación de dicho acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco, para completar sus solicitudes.

El Ejecutivo vasco ha recordado que los centros especiales de empleo tienen como objetivo principal realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado.

Tienen como finalidad asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario.

Además de estas ayudas, el empleo de las personas con discapacidad se fomenta mediante bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social que, reguladas por el Estado, son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.