No era una tarde fácil para Dolores Delgado. La exministra de Justicia entró con prisa en la Comisión del Congreso en la que se enfrentó al resto de grupos sobre su elección, por parte del Gobierno y con la aprobación del CGPJ, como fiscal general del Estado. Entre criticas por partidismo y por su pasado como miembro del Ejecutivo, Delgado defendió que haber sido ministra "no debe verse como una debilidad, sino como una fortaleza", y se comprometió a que en su labor primase "el servicio público".

"En España, la fórmula de elección es un sistema híbrido: parte del Gobierno, pero se desvincula del Ejecutivo durante su labor como fiscal y participan los tres poderes del Estado. Es el Estado en su conjunto el que interviene en la designación del fiscal general del Estado", sentenció la extitular de Justicia, que ocupó el cargo hasta el pasado mes de enero y fue diputada por el PSOE.

Sobre una posible reforma del delito de sedición, Delgado se desmarcó de cualquier responsabilidad. Cuestionada por los partidos secesionistas, la candidata esgrimió que "reformar delitos compete el poder legislativo, la Fiscalía intervendrá con datos y matizaciones en caso de que sea necesario", antes de añadir que el hacer "buenas leyes" depende de los diputados.

No pareció preocuparle a Delgado la duda sobre su nombramiento en el resto de grupos parlamentarios, principalmente los de la oposición. "No debería llamar la atención ni producir desasosiego que quienes ejerzan como fiscales hayan desempeñado otro cargo", explicó, al tiempo que lamentaba que se ponga "en duda" el sistema de elección. Para ella, el órgano no puede estar siempre bajo vigilancia. "Reducir la Fiscalía a una institución permanentemente bajo sospecha y dependiente de los vaivenes políticos es injusto", concluyó.

Asimismo, se comprometió a mantener la independencia del Ministerio Fiscal. "Los fiscales debemos ser autónomos y responsables", continuó Delgado. Además, respaldó su propuesta en una trayectoria de "más de 30 años" en la que ha primado "la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos".

Fue consciente Delgado en todo momento de que su nombre está bajo la lupa, y quizás por eso repitió varias veces su "vocación de servicio público". Desglosó con paciencia lo que quiere que sea la Fiscalía bajo su responsabilidad. "Considero que es el tiempo de avanzar en la apertura de la institución y los ciudadanos se sientan orgullosos", esgrimió, y se comprometió a "hacer pedagogía" porque la Fiscalía es, ahora, "un órgano desconocido".

No aplacó su intervención las iras de la oposición, especialmente en el caso de PP, Cs y Vox, que le recordaron que había sido reprobada formando parte del Gobierno. En el caso del diputado naranja, Edmundo Bal, la crítica fue feroz. "La propuesta de su candidatura nos parece una anomalía democrática inaceptable", sostuvo, y se dirigió a Delgado como "socialista". Apuntó que su grupo parlamentario siente "miedo" por lo que pueda pasar a partir de ahora con la Fiscalía, porque la exministra "no es imparcial". Y sentenció: "Esto no ha pasado nunca en la historia de España". Además, avisó a Delgado de lo que va a ocurrir, y le dijo que "va a estar siempre bajo sospecha".

Por parte del PP, Luis Santamaría explicó que la propuesta de Delgado está vinculada al pacto del PSOE con ERC. "Por eso no tenemos más remedio que decir no a su propuesta", sostuvo, y calificó esa designación como lamentable. Eso sí, cargó la culpa sobre Pedro Sánchez y no contra la propia Delgado. "No cumple ningún requisito para ser fiscal general del Estado", terminó diciendo, poniendo el duda el prestigio de la candidata.

Desde Vox, Javier Ortega Smith aseguró que el único interés que le mueve a Delgado es el de "dependencia" y que su cargo de fiscal es una correa de trasmisión por las "deudas" que tiene Sánchez con el independentismo. "Cuando dicen que van a luchar contra el odio, se les ven las intenciones" porque llaman odio "a todo lo que no claudica a su totalitarismo". Dijo que Delgado es una persona de "reconocido desprestigio".

Cabe recordar que, en el caso de Delgado, el CGPJ se dividió y avaló su candidatura por doce votos a siete, eliminando del informe palabras habituales en ese tipo de dictámenes como "idoneidad" o "méritos".

Combate contra los delitos de odio

En la presentación de su proyecto al frente de la Fiscalía, Delgado destacó la necesidad de luchar contra las "nuevas amenazas que surgen de la extensión de discursos basados en el odio y la discriminación", a raíz del resurgimiento de "movimientos antidemocráticos" que "desprecian e ignoran los más elementales derechos fundamentales".

"No dudaremos en dedicar más recursos y nuevos esfuerzos para frenar y hacer frente al discurso del odio", dijo Delgado, con propuestas como una mayor especialización de los fiscales "en estas nuevas formas de atentar contra la convivencia social".

Incidió también en la especial protección a los menores y prometió que la Fiscalía destinará "todos los medios a su alcance" para "garantizar su dignidad", sea cual sea "su origen o nacionalidad" y para trabajar frente a "quienes tratan de menoscabar la dignidad de la infancia estigmatizando a los niños o poniéndolos en el punto de mira de un conflicto social".