El próximo 1 de marzo dará comienzo en Andalucía el proceso de escolarización para el curso 2020-2021, que este año presenta varias novedades recogidas en el nuevo decreto aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta. La más significativa es que todas las familias podrán optar a una plaza en un colegio concertado, siempre y cuando el municipio en el que residen cuente con un centro de este tipo. Se incorporan además nuevos criterios de baremación para el acceso a los colegios y se mejoran otros ya existentes.

El objetivo del decreto es "avanzar en el derecho de las familias a elegir libremente el proyecto educativo que quieren para sus hijos", afirmó el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que negó que "exista un plan oculto para ampliar el sector concertado.

Zonas de escolarización

Todas las zonas de escolarización de Andalucía, que se terminarán de definir los próximos días 24 y 25, contarán con, al menos, un centro público y otro concertado, algo que no sucedía hasta ahora –con zonas en las que solo había colegios públicos–. Para ello, es indispensable que en el municipio de residencia de los alumnos exista ya un colegio concertado, lo que sucede en el 18% del total de localidades de la comunidad, si bien estas reúnen al 75% de la población.

A modo de ejemplo, explicó Imbroda, en Alcalá de Guadaíra solo hay un colegio concertado y varios públicos y, hasta ahora, solo podían acceder al primero los residentes en la llamada zona de influencia. Ahora, en cambio, todas las familias de la localidad, independientemente de donde vivan dentro del pueblo, podrán optar a una plaza en dicho centro.

Adscripción de centros

Esta novedad, que entrará en vigor en el curso 2021-2022, consiste en la adscripción de los institutos concertados a institutos públicos, para evitar, explicó Imbroda, que los alumnos abandonen el centro concertado en tercero o cuarto de la ESO para matricularse en Bachillerato en otro público. De esta forma, continuó el consejero, "se estabiliza la oferta y la demanda y se refuerza la coherencia entre etapas".

Criterios de admisión

También hay novedades en cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando la demanda en un centro es superior a la oferta. Así, entre los nuevos criterios incluidos en el decreto destaca tener matriculado a un hijo en el primer ciclo de Infantil (un punto); el expediente académico del alumno para su acceso a Bachillerato (entre 5 y 2 puntos); y que ambos "guardadores legales" tengan una actividad laboral o profesional remunerada (2 puntos).

Respecto a los criterios ya existentes, se mejoran algunos, como tener hermanos matriculados en el centro al que se opta (20 puntos por hermano, frente a los 16 actuales); incremento de los tramos de renta que obtienen puntuación y más puntos para familias con menos ingresos (hasta 4 puntos para rentas menores a cuatro veces el Iprem); y ampliación de supuestos en el caso de familias numerosas, monoparentales o con dos hijos y en el caso de familias con los alumnos, padres o hermanos con discapacidad (hasta 4 puntos).

Supuestos de prioridad

Estos se extienden a los padres que trabajen en el centro que solicitan; a deportistas de rendimiento base, para facilitar su acceso a colegios cerca del lugar de entrenamiento; a niños en acogimiento familiar; a menores con enfermedades graves, para que estudien cerca de su domicilio o del centro en el que son tratados; y a niños con nacimiento prematuro extremo (antes de 28 semanas), para que sean escolarizados en el año que les correspondería con un nacimiento natural.

Reacciones

Imbroda defendió que el nuevo decreto "nace del consenso con la comunidad educativa" y que ha recogido la mayor parte de las propuestas del Consejo Escolar de Andalucía para su elaboración. Por su parte, el Sindicato de Inspectores de Educación (USIE), valoró que la norma contemple que los inspectores de Educación puedan presidir las Comisiones Territoriales de Garantías de Admisión. 

Mientras, los sindicatos CSIF, CC OO y Ustea calificaron la norma de "ataque a la enseñanza pública" y anunciaron movilizaciones para exigir su retirada. Yla Confederación andaluza de asociaciones de madres y padres de alumnos, Codapa, alertó que el decreto "daña a la escuela pública para favorecer a la concertada".

Por su parte, los socialistas consideraron que el decreto "denigra" la escuela pública y que "no hay nada peor en 40 años que lo que va a ocurrir con la aplicación" de este decreto. Y Adelante Andalucía instó a la Junta a realizar una campaña de publicidad para llamar a la matriculación de alumnos en los centros públicos.