El Gobierno ha rebajado este martes en dos décimas el crecimiento económico debido a la "desaceleración". Y para evitar que se resienta el crecimiento económico y la creación de empleo, ha aprobado un aumento del gasto y una relajación de los recortes para cumplir los objetivos de déficit como pautas para preparar los Presupuestos de 2020.

El Consejo de Ministros ha aprobado la senda de déficit y el techo de gasto !adaptados a la nueva realidad económica" de "desaceleración". En ellos se prevé que la economía crecerá en 2020 un 1,6% y no un 1,8% como pronosticó en octubre. El crecimiento de PIB aún fluctuará en los próximos años: un 1,5% en 2021; 1,6% en 2022 y 1,7% en 2023.

En este escenario, el Gobierno aumenta el gasto un 3,8% con respecto al Presupuesto adaptado de 2017 todavía vigente y ha evitado establecer objetivos de déficit "demasiado duros" para los próximos años que en plena "desaceleración" puedan perjudicar el crecimiento económico y la creación de empleo. Así lo ha apuntado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que el Consejo de Ministros aprobara la senda de déficit y el techo de gasto, el primer paso para elaborar los Presupuestos de 2020. A su lado, a vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha hablado de un "crecimiento del empleo a un ritmo robusto" y ha dicho que "España crece y reduce el paro con superávit de cuenta corriente". Sin embargo persisten elementos de la crisis, como el alto nivel de desempleo, el déficit y deuda.

En este escenario, el Gobierno se prepara para presentar al Congreso un proyecto de Presupuestos con más gasto que los asumidos en 2019 –127.609 millones frente a 122.899– pero menor a lo que el estuvo dispuesto a gastar en las malogradas cuentas de 2019, cuando el incremento del techo de gasto fue de un 4,4% en lugar del 3,8%. "Nuestra capacidad de gasto va a ser inferior a la del Presupuesto de 2019 que resultó fallida", ha dicho Montero.

Además, el Gobierno ha relajado la reducción del déficit, que recaerá particularmente sobre la Administración central y la Seguridad Social y en menor medida sobre las comunidades, que de un objetivo de déficit global del 1,8% tendrán que recortar el 0,2%. Los ayuntamientos están eximidos de reducir déficit hasta 2023.

Montero ha explicado que se plantea una senda de reducción del déficit "realista" y no "vendehumos" como la que acordó el Gobierno de Mariano Rajoy con Bruselas. 

En lugar de un objetivo déficit del 1,1% pactado entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acordado recortarlo solo hasta el 1,8% en 2020. Son 8.400 millones más que deberán ir reduciéndose en los próximos años, a un ritmo mayor de las dos décimas de diferencia entre el 2% con el que, según cifras todavía no definitivas, podría haber cerrado 2019. 

El nuevo objetivo para 2021 es 1,5% –frente al anterior de 0,5%–; para 2022, del 1,1%, y para 2023, del 0,9%, cuando termina la senda de estabilidad presupuestaria aprobada este martes y también, en principio, la legislatura. Para entonces, Calviño ha contado con situar por debajo del 90% la deuda pública, que en 2020 el Gobierno calcula que cerrará en el 94,6%.

Subida de impuestos

Con estos datos de gasto y reducción de déficit Montero ultimará un proyecto de Presupuestos que, por la parte de los ingresos, no se espera que se desvíe de su propuesta de 2019 ni del acuerdo con Unidas Podemos. Allí se contemplan subidas del IRPF a las rentas más altas y del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas y nuevas figuras, como una tasa a las transacciones financieras o a las plataformas digitales que Montero no ha querido detallar este martes. 

"Las medidas fiscales se presentarán en el momento en que podamos determinar cuáles son las fuentes de esos ingresos", ha dicho la ministra, que ha identificado como "líneas rojas" que "no va a afectar a la clase media y trabajadora".

Los Presupuestos no verán la luz hasta bien entrado 2020 pero no está previsto que "ninguna" medida sea retroactiva, ha asegurado Montero, que  también ha mencionado como forma de aumentar ingresos la la ley contra el fraude fiscal que prepara su departamento.