Limitar el precio de los alquileres de pisos en las ciudades donde se ha disparado en los últimos años, como Madrid capital-el pasado mes de enero el metro cuadrado se situó en los 16,1 euros, un 4,4% más que hace un año, según el portal inmobiliario idealista-, es uno de los principales objetivo en materia de vivienda del nuevo Gobierno de coalición PSOE-Podemos. 

El Ejecutivo pretende con esta medida bajar los actuales precios que acuerdan de forma libre los propietarios de los inmuebles y los inquilinos para que el alquiler sea más asequible para estos últimos. Pero esta iniciativa, sin embargo, podría tener un efecto negativo en el mercado: la decisión de los propietarios de retirar sus viviendas del mercado del alquiler para ponerlas a la venta al considerar que no les beneficia debido a su baja rentabilidad. 

“Estos límites producirán el efecto contrario al pretendido por el Gobierno”, vaticina la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), Isabel Bajo. Bajo opina que de aceptarse esta limitación de precios "se crearía una inseguridad jurídica total y absoluta en el mercado de alquileres, que llevaría inevitablemente a la retirada de un importante número de viviendas”. 

“Es el propio mercado inmobiliario el que debe regular el precio y que el importe de las rentas sea determinado por la ley de la oferta y la demanda”, añade la presidenta de CAFMadrid, quien comparte la misma posición que la Comunidad de Madrid, que ya ha mostrado su rechazo a la propuesta de Moncloa. 

"Estas medidas fuertemente intervencionistas y muy populistas lo que provocan es precisamente una retirada de muchas viviendas del propio mercado y esa contracción de la oferta provoca también un incremento de los precios y de la economía sumergida", declaró el consejero de Vivienda madrileño, David Pérez.

La alternativa que propone CAFMadrid a la regulación de los precios es la puesta en funcionamiento de un Registro de Morosos del Alquiler,contemplado en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, pero que todavía no ha sido desarrollado. “Este registro permitiría acreditar al arrendador que su futuro inquilino no ha sido condenado por impago de rentas, aportaría una mayor seguridad jurídica y favorecería la salida de viviendas vacías al mercado de arrendamiento de larga duración. Como consecuencia, habría una mayor oferta que redundaría en un equilibrio de precios”, considera Bajo. 

Adolfo Calvo-Parra y Nebrá, secretario técnico de CAFMadrid, explica que la historia nos demuestra que esta medida en España tiene efectos perniciosos en el mercado del alquiler: "Durante los años 1987 y 1989, se limitó transitoriamente la renta que ya había sido pactada contractualmente, y desencadenó que los propietarios de las viviendas vacías no las pusieran en el mercado". En otras capitales europeas de nuestro entorno su resultado también ha sido negativo. En París, por ejemplo, que aprobó la 'Ley Alur' para frenar en gran medida los precios del alquiler, tuvo como efecto inmediato el sacar del mercado del alquiler 20.000 viviendas, reduciendo la oferta de inmuebles.