Las webs de alquiler de pisos turísticos siguen anunciando apartamentos sin licencia en Barcelona a pesar de las medidas municipales para erradicarlos, por lo que el Ayuntamiento ha decidido darles un "ultimátum" para que se ciñan a la normativa. Lo ha hecho saber este martes la teniente de alcalde de Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, que ha explicado que durante una reunión por la mañana con Airbnb, Booking y Homeaway han avisado a estas plataformas 'online' de que si "en un mes y medio" no cumplen con la legalidad, el Consistorio volverá a ser contundente con las sanciones, después de que en los últimos meses hayan primado los pactos. Incluso está sobre la mesa subir el importe de las multas, ha dicho.

"Si solo hay 9.600 licencias de pisos turísticos enteros en la ciudad de Barcelona, solo se pueden publicitar estos, por lo tanto, tiene que ser sencillo", ha apuntado Sanz, que ha denunciado que "ninguna de las plataformas cumple al 100%" con los protocolos acordados con el Ayuntamiento y con la legislación que regula su actividad. "Es un grado de incumplimiento inaceptable para la ciudad", ha sentenciado, y ha pedido "un compromiso firme con la legalidad".

Por su parte, fuentes municipales han explicado a 20minutos.es que el Consistorio detecta cada mes en estas webs "entre 200 y 600" anuncios de pisos turísticos que no deberían haberse publicado, porque se trata de apartamentos que no cuentan con número de registro o tienen uno falso o porque sus direcciones no existen.

"Las plataformas tardan meses en retirar estos anuncios", ha lamentado Sanz, que también se ha quejado de que les cuesta facilitar al Ayuntamiento la información que se les pide y de que en muchas ocasiones la publicidad a la que dan soporte esconde detrás a "grupos organizados con prácticas mafiosas".

El concejal de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, por otro lado, ha denunciado que los pisos turísticos ilegales suponen "competencia desleal" para el sector y ha exigido "respeto a los que están dentro del marco legal".

Los últimos datos municipales son un reflejo de que los incumplimientos continúan, así como la actividad municipal para hacerles frente. En 2019 se abrieron 2.800 expedientes a pisos turísticos, 615 en el último trimestre del año. En octubre hubo 293 abiertos, 144 órdenes de cese de actividad y 145 expedientes sancionadores. En noviembre, 199, 140 y 232, respectivamente, y en diciembre, 123, 70 y 75.

Y en los últimos cinco años, durante el gobierno municipal de Ada Colau, ha señalado Sanz, el Ayuntamiento ha abierto 15.814 expedientes, a raíz de los cuales ha ordenado el cese de actividad de 6.295, de los que "casi el 50%" han dejado de operar. También se han abierto 8.042 expedientes sancionadores y se han dictado 383 precintos.

Asimismo, se han impuesto dos multas de 30.000 euros por anunciar apartamentos turísticos ilegales a Homeaway, que la plataforma ha pagado, y otras dos a Airbnb, también por 30.000, así como otra de 600.000 euros por incumplimiento reiterado, que han sido recurridas ante los tribunales.

Airbnb responde

Tras la reunión con el Ayuntamiento, desde Airbnb han asegurado en un comunicado que siguen "comprometidos" con las autoridades locales, con las que trabajan desde junio de 2018, y que cuando tiene constancia de anuncios que infringen las regulaciones, "se toman las medidas adecuadas". También han afirmado que los incidentes que se producen en los pisos turísticos que publicitan "son excepcionales".

Han explicado, además, que en septiembre lanzaron un portal de comunicación con las autoridades judiciales y policiales y que en 2020 crearán una línea exclusiva para que los alcaldes puedan contactar con ellos.