El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, alzó la voz la semana contra la pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modificar el delito de rebelión advirtiéndole que “con el Código Penal no se mercadea”. De una manera más suave pero no menos firme, la dirección federal del PSOE ha recordado este lunes a su barón que la reforma del Código Penal y una eventual rebaja del delito de sedición no entran dentro de sus "responsabilidades".

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha recalcado que el partido no valora las decisiones que García Page toma en su comunidad y que éste tampoco deberían poner en cuestión una decisión que, en todo caso, necesitará de una “mayoría cualificada” en el Congreso para ser una realidad.

“Respetamos que dentro de nuestro partido haya opiniones de las que se pueda discrepar, cada uno tenemos responsabilidades en un ámbito y la reforma del Código Penal corresponde al Gobierno de turno, con una iniciativa legislativa y al Parlamento de la nación”, ha dicho Narbona, que ha recordado que la reforma requerirá “ de una mayoría cualificada” al tratarse de una ley orgánica". “No es nada que se pueda resolver con un real decreto por el Gobierno, requiere el máximo consenso para que tenga vocación de estabilidad”.

“Respetamos las opiniones del secretario general y del presidente de Castilla-La Mancha, igual que hemos respetado en cada momento las decisiones que en su responsabilidad García Page haya podido tomar”, ha añadido.

Aún sin concretar

Narbona ha respondido con esta división de competencias la advertencia de García Page sobre la posibilidad de rebajar el delito de sedición que estudia el PSOE. De momento, no hay una iniciativa socialista concreta para ello y el partido aún está consultado con expertos, ha dicho la presidenta socialista, que como el Gobierno de Sánchez también ha defendido que es necesaria una revisión.

“Ha habido un debate y hay opiniones discrepantes en el contexto de nuestro país sobre la categorización de determinados delitos y compromisos respecto de otras figuras contempladas en el Código Penal”, ha dicho y ha insistido en que esta revisión “ni ha estado ni va a estar en la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y de la Generalitat”.