Los datos que arroja la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía siguen estando lejos de lo que en su día calculó el Gobierno socialista de Susana Díaz, que puso en marcha esta ayuda el 1 de enero de 2018 con la previsión de que beneficiara a unas 45.000 familias cada año. Los problemas y retrasos han sido la tónica habitual desde entonces y, a día de hoy, los perceptores anuales no llegan a los 20.000, aunque sí se ha registrado una mejora en el proceso de solicitud y concesión, gracias a una mayor inversión y a un refuerzo de los recursos humanos por parte de la Junta.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación recibió el pasado año un total de 49.876 solicitudes de Renta Mínima, de las que ya ha resuelto 42.420, es decir, el 85% del total, por lo que restan por resolver otras 7.456 peticiones de ayuda. No obstante, de las solicitudes resueltas solo se han concedido 19.897 ayudas, lo que supone cerca del 47%. Siguen siendo pocas, pero un 10% más que las 17.929 solicitudes que se concedieron en el año 2018, según los datos que ha dado a conocer la titular del ramo, Rocío Ruiz.

Cabe recordar que la prestación de la Renta Mínima equivale al 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 419,51 euros, a los que se van sumando 53,78 euros por cada miembro de la unidad familiar, hasta un máximo del 145% del Iprem (779,87 euros). Para que una familia pueda saber si tiene derecho o no a percibir la ayuda, la Junta puso en marcha un simulador digital a través de la web de la Consejería que, hasta la fecha, ha recibido 65.929 consultas.

La inversión total que realizó el pasado ejercicio el Gobierno autonómico en esta materia ascendió a 122 millones de euros, es decir, un 114% más que los 57 millones de euros destinados a la Renta Mínima en 2018 por el anterior Ejecutivo, que "dejó sin ejecutar 141 millones de euros de los 198 que estaban presupuestados", ha señalado la Junta.

Los 122 millones destinados en 2019 se repartieron entre los 107,6 millones para el pago de nóminas a personas beneficiarias de esta prestación; otros casi 14 millones de euros invertidos en el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en municipios de más de 20.000 habitantes; y algo más de 641.000 euros en el desarrollo de nuevos sistemas informáticos.

Todo ello, continúa explicando la Consejería, ha sido posible por "la labor previa de información, asesoramiento y divulgación" que la Junta ha realizado a través de la formación a los profesionales que trabajan en la atención directa a los ciudadanos, así como por su refuerzo con 1.260 efectivos, lo que "ha permitido la agilización de la gestión". Ruiz afirmó que "el plan de choque" puesto en marcha por su departamento para esta prestación "ayudará a resolver el problema que nos encontramos de personas que llevaban hasta diez meses esperando la resolución, mientras viven situaciones de vulnerabilidad y extrema necesidad".

Departamento en exclusiva

La consejera recordó que, para que la Renta Mínima tenga un mayor impacto en la reducción de la pobreza infantil, se han marcado el objetivo de "incrementar la cobertura de la población y también la cuantía que reciben las familias con hijos menores a cargo".

A partir de ahora, "los siguientes pasos" consistirán en crear un nuevo servicio en cada Delegación Territorial de la Consejería "dedicado exclusivamente" a la tramitación de esta ayuda, para que esta sea "más accesible y llegue a más personas".

Otro aspecto a tener en cuenta será "distinguir claramente entre el derecho a la inclusión social y el derecho a las prestaciones económicas necesarias para tener unos ingresos suficientes". Y también la "compatibilidad con el empleo", dado que, según expuso Ruiz, "actualmente hay personas que trabajan, pero que no dejan de ser pobres por ello, dada la precariedad laboral existente".