El fiscal, según el escrito de acusaciones recogido por Europa Press, pide imponer a cada uno de los acusados la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.

En el año 2016, el Tribunal Supremo devolvió la causa al juzgado de Decano de Quintanar de la Orden (Toledo) para que se continuará allí la investigación del asunto al dejar Fernández Cueva de ser senadora y por tanto dejar de gozar de la condición de aforada.

(Habrá ampliación)