Aunque el Tribunal Superior de Justicia tumbó primero el decreto que regula las especies cazables y poco después la orden de caza anual, decisiones recurridas por la Junta ante el Supremo, y hasta el Defensor del Pueblo planteó cuestión de inconstitucionalidad respecto de varios preceptos de la ley, el consejero no está dispuesto a esperar a la firmeza de las resoluciones para sacar adelante una nueva Ley de Caza consensuada con todos los sectores.

Suárez-Quiñones, en una entrevista a Europa Press a modo de balance del año, ha aprovechado para en esta materia censurar la actitud de algún colectivo conservacionista "bastante radical" que "antepone los intereses particulares a los de carácter general" y que pese a haber obtenido "victorias transitorias en los tribunales" muestra con sus planteamientos que se mantiene "encerrado en paradigmas cuasi infantiles", entre ellos "que no hay que matar a los animales".

Frente a ellos, el consejero advierte de que si no se autoriza la caza, si no se controlan las especies se están poniendo en riesgo a aquellas más vulnerables.

"No se entiende muy bien esa filosofía, ese no a la caza sentimental no basado en una actitud responsable ni en pro de la conservación del medio natural", censura Suárez-Quiñones, quien insiste en que la actividad cinegética, además de revulsivo económico en Castilla y León-con un impacto de 506 millones y 8.000 empleos-constituye una herramienta crucial para el equilibrio del ecosistema y minimiza los accidentes de tráfico y los daños a la agricultura.

En clara discrepancia con las últimas resoluciones judiciales, el consejero sí reconoce que "otra cosa es que haya que mejorar la normativa", de ahí la nueva ley en la que trabaja su departamento y cuya propuesta de anteproyecto se encuentra ya expuesto en 'Gobierno Abierto' hasta el próximo día 17 de enero con el fin de que pueda contar con las sugerencias de colectivos y ciudadanos.

Al respecto, se muestra convencido de que es preciso adaptar una ley de 1996 a la nueva realidad de Castilla y León y sacar adelante una normativa para el siglo XXI que apure al máximo la identificación del estado de conservación de las especies, el control de los cupos que se pueden cazar y el control de lo que se caza.

En ese anhelo se va a contar con la participación y consejo externo de expertos científicos para la elaboración de estrategias, para "dar seguridad jurídica a la nueva ley y para evitar que ésta se encuentre sujeta a vaivenes reglamentarios".

"PUNTO DE EQUIDISTANCIA"

En el periodo de sesiones que se abre en febrero de 2020 en las Cortes espera aprobar el proyecto de ley y, por tanto, iniciar los debates parlamentarios. "No sabemos cuánto se va a tardar en aprobar, pero el objetivo es que muy al principio del nuevo periodo de sesiones podamos aprobar el proyecto de ley en Consejo de Gobierno y presentarlo en las Cortes", apunta el político regional, quien confía en que el texto cuente con el mayor consenso político y social.

De lo que también se muestra convencido es de que en un tema como el de la caza, "en el que se suscitan posiciones muy enfrentadas", si hay dos extremos que no están conformes con la actual normativa es que "ésta se encuentra en un punto de equidistancia, lo cual no parece que sea un mal punto de partida".

Todavía dentro del área de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones lamenta que la Cumbre del Clima de la ONU (COP25) celebrada en España haya obtenido unos resultados "discretos", lo que no es obvice para que Castilla y León siga apostando por la reducción de la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero.

En ese compromiso de lucha contra el cambio climático, la Junta se dotará de una Ley Contra el Cambio Climático, además de una serie de estrategias de calidad del aire, economía circular, incremento de las biorefinerías y la bioeconomía, junto con una potenciación de la flota de vehículos eléctricos al servicio de la administración y del uso de la biomasa para calentar los edificios públicos...."y todo ello para aumentar la huella de carbono de una Comunidad que está siendo líder en la materia y que está ayudando a España a cumplir los compromisos de París".

CERTIFICACIÓN DE 900.000 HECTÁREAS DE MADERA

En este ámbito, se felicita también de que Castilla y León siga siendo líder en cuanto a sumidero de CO2, posición que confía en reforzar con la estrategia forestal proyectada para esta legislatura, en la que se contempla un incremento de la producción de madera y su puesta a disposición de la industria del sector, una de las más potentes a nivel europeo y mundial.

"Hay que lograr que esa madera sea certificada, es decir, que lleve el sello de una gestión forestal sostenible", incide el consejero, que por ello recuerda que en la actualidad cerca de 800.000 hectáreas de madera cuentan en Castilla y León con la certificación PEFC, cifra que se pretende elevar a 900.000, y la idea es obtener la doble certificación FSC, capítulo en el que ya se cuenta con 30.000 hectáreas.

Pero además, la Junta plantará en esta legislatura un total de 22 millones de árboles, una media de nueve por habitante, en esa apuesta por que Castilla y León continúe líder como sumidero de CO2.

NUEVO MAPA DE TRANSPORTES

Con respecto al resto de áreas de su Consejería, Suárez-Quiñones no duda al calificar el transporte como uno de los capítulos "estrella", sobre todo porque la finalización de los contratos concesionales que regulan el transporte en los pueblos, algunos con medio siglo de antigüedad, dará lugar a un nuevo mapa en esta legislatura.

La nueva estrategia comenzará con la publicación de un decreto de ordenación en 2020 para establecer los flujos de transporte, al que seguirán anteproyectos de explotación de las 80 zonas en las que se va a dividir Castilla y León, concretando horarios, líneas, coste....etc.

"El transporte tiene que llegar a todos los pueblos, potenciar el transporte a la demanda para hacerlo más eficiente y menos contaminante-cada año la Junta paga 13 millones a las compañías para compensar un servicio deficitario-, "que sea más moderno y tecnificado", y ese objetivo pasa también por compatibilizar el transporte escolar con el uso general del mismo.

Una política de vivienda con especial dedicación al medio rural y al fomento del alquiler, al que se destinan cerca de 20 millones de euros, y la apuesta, en el área de telecomunicaciones, por la extensión del internet al cien por cien de la Comunidad, "hasta el último rincón", completan el programa del departamento de Suárez-Quiñones para esta nueva legislatura.

Sobre este último capítulo, el consejero fundamenta ese objetivo en la convicción de que el medio rural "no puede ser un medio de crisis sino de oportunidades", de ahí las reuniones mantenidas hasta la fecha con cinco presidentes de diputaciones-espera hacer lo propio con los otros cuatro-a los que ha pedido que se sumen a la 'caja' para la extensión del internet.

Así, se muestra convencido de que esa 'caja' se llenará esta legislatura con un total de 130 millones de euros, 50 de ellos aportados por la Junta y las diputaciones, otros tantos por el Estado y 30 más por las operadoras. "Es un objetivo especial que se ha marcado el presidente de la Junta y que cumpliremos esta legislatura", asegura el consejero.