El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el alcalde popular Martínez-Almeida, ha encontrado en el Defensor del Pueblo un aliado en sus exigencias al Gobierno central en materia de atención a los refugiados. La institución presidida por el socialista Francisco Fernández Marugán, que se reunió el pasado miércoles con representantes del ejecutivo de Almeida, ha transmitido un conjunto de 50 quejas al Gobierno de Sánchez dirigidas a paliar la presión migratoria sobre la capital.

Según revelan fuentes del Defensor del Pueblo a 20minutos, desde este verano el órgano ha formulado cerca de 50 sugerencias a la Secretaría de Estado de Migraciones para que den acceso inmediato a estas personas al sistema de acogida, asignándoles un recurso adecuado a sus necesidades y las ayudas a las que tienen derecho en cumplimiento de la normativa internacional. "Estas sugerencias se han realizado tras recibir quejas en las que se ponía de manifiesto las dificultades de los solicitantes de asilo para acceder a una plaza del sistema de acogida", concretan estas fuentes que detallan que todas ellas proceden de Madrid. 

Porque de los 150.000 solicitantes de asilo que ha recibido España en el último año, 50.000 piden refugio en la capital española, por ser Barajas la vía de entrada más frecuentada. Por esta razón el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio se reunió con el Defensor del Pueblo para transmitirles la "inactividad" del Gobierno Central. Según detallan desde el área del delegado José Aniorte, "no pudo haber más coincidencias entre el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo". "Están de acuerdo en que sea el Gobierno de Sánchez quien tiene que liderar este asunto", aseguran.

Incluso, el equipo de Fernández Marugán fue más allá. "Nos dijeron que en Madrid no deben seguir creándose centros para refugiados, porque éstos van a ser caldo de cultivo de brotes xenófogos como ya ocurre en otros países", apuntan representantes municipales. En dicha reunión también se habló de distraer a los ilegales que llegan a la capital a otras ciudades de España. "Dijeron que debería haber una oficina en Barajas que atendiera a estas personas y les trasladasen directamente a otras partes del país", explican. Aunque a juicio del área de Aniorte, ésta no puede ser iniciativa del propio Ayuntamiento porque de ser así daría pie a pensar que su intención es esquivar a estas personas.

Sin embargo el órgano independiente es más cauto al comunicar sus intenciones. "Nosotros no entramos a valorar el contenido de la reunión", admiten fuentes del Defensor del Pueblo. "Nosotros pedimos que haya una coordinación entre todas las administraciones", explican. En realidad, la institución lleva años denunciando la situacicón crítica que acecha a España y en especial a su capital en materia de asilo y refugio. "El sistema de España es insuficiente y pedimos al Ministerio de Interior –encargada de asilo– que modifique esta ley", explican.

También se dirigen a la Secretaría de Trabajo y Migraciones para recordarles que deben dar "una plaza de acogida a todo aquel que lo solicite". Ante esta petición, la Secretaría confirma que "todas las familias requeridas por el Defensor del Pueblo han sido acogidas en el sistema estatal". Incluso, asegura,haber ampliando este sistema de acogida, pasando de atender a 18.000 personas (cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno) a 30.000 en la actualidad. "No entendemos por qué razón intentan confrontar políticamente con este asunto, que requiere de lealtad, responsabilidad y colaboración entre Administraciones y de puertas para adentro la colaboración es fluida (mantenemos contacto prácticamente diario con los servicios municipales)", replican desde la Secretaría de Trabajo Migraciones.

La respuesta "insuficiente" del Gobierno, según Almeida

15 julio. Primera reunión: José Aniorte se reúne con representantes de Interior y Trabajo para exponer la situación. Explica la situación y la respuesta es que se está trabajando en lograr nuevos recursos fuera de Madrid para montar centros del Gobierno.

Julio-diciembre. Proceso de diálogo: Desde entonces hasta ahora se inicia un diálogo técnico (a nivel de directores generales) para gestionar el paso de solicitantes de asilo de los recursos municipales a los del gobierno, pero no se aporta ninguna solución estable.

15 octubre. Siete ubicaciones: Nueva reunión con representantes de Interior y con la Comunidad de Madrid. Nos dicen que están dispuestos a abrir centros en Madrid pero que necesitan ubicaciones. Tres días después les ofrecemos siete. De ellas, sólo se abre Cercedilla.

21 de noviembre. La carta. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida se dirige al Gobierno central a través de una carta. Aún espera respuesta.

29 noviembre. Comité de Crisis. Se reúnen con representantes de Trabajo, la Comunidad de Madrid, ACNUR, Unicef y otras entidades que trabajan con infancia y plantean el Comité de Crisis nacional liderado por el Gobierno central y con participación de las CCAA.

11 diciembre. Última reunión. El área de José Aniorte se reúne con el equipo del Defensor del Pueblo, donde les exponen su visión del problema, que coincide con la suya, según relatan fuentes municipales. Además el alcalde espera respuesta a la carta que envió a Sánchez.

Las medidas del Gobierno central

1. El pasado mes de julio se aprobó una modificación normativa que permite que los recursos destinados inicialmente a atender las llegadas a costas puedan dedicarse también a la atención de solicitantes y beneficiarios de protección internacional.

2. En este momento han derivado desde Madrid a otras ciudades de España a unas 1.000 personas solicitantes de protección internacional.

3. Desde el 1 de julio al 12 de diciembre de 2019, el Ministerio de Trabajo y Migraciones ha dado plaza a 3.700 personas. De ellas, 2.050 eran solicitantes derivados por el Ayuntamiento de Madrid directamente y 1.657 habrían acudido directamente al Ministerio, según fuentes de la Secretaría de Migración.