Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona) han propuesto para los presos condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O la clasificación de segundo grado penitenciario. 

El servicio de clasificación de la Secretaria deberá ratificar o revocar esta decisión antes de dos meses (el servicio de clasificación ratifica el 95% de las propuestas de las juntas de tratamiento). El segundo grado es un régimen ordinario que no prevé salidas aunque puede flexibilizarse con la aplicación de artículos del reglamento penitenciario que les permitiría ir a trabajar o ejercer voluntariado. 

En rueda de prensa y ante una gran expectación, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, que ha explicado que la decisión se ha tomado "tras un intenso debate y sin unanimidad" de las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas donde cumplen condena los nueve presos condenados por sedición por el Tribunal Supremo.  

Calderó ha puesto en valor el "rigor, honestidad e independencia" con que trabajan los servicios penitenciarios en Cataluña. En este sentido ha hecho un "llamamiento a la confianza en los funcionarios" y ha recordado que "las penas las dictan los jueces, no la Generalitat". 

En este sentido, Calderó ha asegurado que la decisión ha sido compleja, aunque no ha concretado cuántos votos han recibido las propuestas de segundo y tercer grado para los presos, porque los profesionales de las juntas, ha dicho, no se habían encontrado nunca antes con unos tipos de delitos y reclusos como los del 'procés'.

El independentismo, enfrentado por la calificación de los presos del 'procés'

Las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde están presos los líderes del "procés" se han reunido simultáneamente a las 9 horas para evitar "conjeturas" para aprobar su propuesta sobre su clasificación penitenciaria, en una resolución que no es definitiva y que la Generalitat y la Fiscalía tendrán que revisar.

La decisión no es firme

Ahora se abre un plazo de dos meses para que el servicio de clasificación de la Consellería de Justicia  ratifique la resolución de la junta, un órgano integrado por psicólogos, educadores, trabajadores sociales y juristas y por un representante de la administración catalana que cuenta con voto de calidad, pero insuficiente para imponer su criterio.

A tener dos meses de plazo para decidir, los presos no podrán salir de la cárcel por Navidad como se había especulado en un momento. No obstante, se intentará agilizar este trámite teniendo en cuenta los casos concretos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que a mediados de enero ya habrán cumplido una cuarta parte de la pena y tendrían derecho a permisos de salida. 

La clasificación de segundo grado puede además ser recurrida por las defensas, como ya han anunciado, ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, y esta decisión aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Las juntas de tratamiento

Cada junta de tratamiento de las cárceles está formada por más de 10 profesionales, entre el director del centro penitenciario, el subdirector de tratamiento y altos cargos entre los que hay juristas, psicólogos, profesores, médicos, trabajadores y educadores sociales, que no tienen trato diario con los internos.  

Estos altos cargos tienen en cuenta los informes parciales que emiten los técnicos que sí que están en contacto directo y diario con los reclusos y analizan su conducta, adaptación al centro, condiciones familiares, sociales y laborales, o el riesgo de reincidencia, entre otros.