En concreto, el secretario general del STEI Intersindical, Miquel Gelabert, ha destacado que el sindicato lucha por una ley educativa de Baleares desde hace más de veinte años, pero desde el ente aseguran que "la ley abandona el consenso social nacido durante los años ochenta sobre el fomento de la lengua catalana como antídoto de la segregación social".

"Parece que el Anteproyecto de ley hace una enmienda a la Ley de normalización lingüística aprobada por consenso el 1986", ha expresado Gelabert, que subraya que el documento "renuncia a la idea del catalán como la lengua vehicular de la enseñanza".

El sindicato también ha criticado duramente que el texto no sea ambicioso en cuanto a la financiación y que el texto no conlleva "ningún paso hacia la gratuidad de la etapa de cero a tres años". Gelabert ha recordado que "diga lo que diga la futura Ley de educación, serán las leyes de presupuestos, las que marcarán el presupuesto destinado a Educación".

Por otra parte, desde ANPE piden que la perfilación de las plazas de los centros, el aumento del poder de decisiones de los equipos directivos, así como la evaluación del profesorado, entre otros aspectos, pasen "por el filtro sindical" ya que "las condiciones sociolaborales de los docentes se tienen que negociar en el seno de la Mesa Sectorial de Educación". Desde el STEI también han criticado que el nuevo texto permita contratar a personal mediante entrevistas.

Por último, entre otras exigencias de ANPE se encuentra "una apuesta por las oposiciones, escalonadas, calendarizadas, progresivas y conjugables" con un pacto de estabilidad, para garantizar la continuidad laborar de los interinos, así como también una fecha urgente para tratar el segundo Acuerdo Marco, con la intención de recuperar las condiciones sociolaborales de los docentes de la enseñanza pública lo antes posible.