Los datos del Ministerio del Interior indican un progresivo aumento de las agresiones sexuales con penetración, hasta el punto de que en el primer trimestre de 2018 se denunciaron cuatro violaciones cada día, una cada seis horas.

Su última Macroencuesta señala que una de cada 20 mujeres mayores de 15 años de la UE ha sido violada, y que el 98% de los autores de la violencia sexual son hombres. En España, el 94% de las mujeres que han sufrido agresiones sexuales por parte de su pareja, las han sufrido más de una vez.

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, en 2017 ocupaba el cuarto lugar en número de delitos contra la libertad sexual, por detrás de Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid.

Son datos que se han contemplado en la elaboración del protocolo, al que se ha referido la consellera en la inauguración de la jornada 'Adolescencia y Violencia de Género', celebrada en el Hospital Doctor Peset ante la proximidad del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El miedo de la víctima a no ser creída, a ser juzgada o considerada incluso responsable de la agresión, o a tener que contar una y otra vez lo sucedido ante diferentes personas impide en muchas ocasiones que presente denuncia.

El protocolo establece una acción coordinada con los juzgados de guardia, medicina forense, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito y Centros Mujer 24 Horas que, además, han participado en su elaboración junto con expertas en igualdad y en violencia sobre la mujer.

Ana Barceló ha destacado que "al actuar con rapidez, eficacia y coordinación, lo que se pretende es evitar un perjuicio adicional a los daños derivados de la agresión, facilitar la persecución del delito y evitar la llamada victimización secundaria", para que la víctima no tenga que repetir el relato de lo sucedido o ser explorada más veces de las estrictamente necesarias.

Al mismo tiempo, se debe garantizar la confidencialidad y respetar la intimidad de la víctima en un entorno tranquilo que permita recabar la mayor cantidad de pruebas para facilitar la labor policial y judicial.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

En cada centro sanitario se definirá un circuito de acompañamiento a la víctima. El jefe de guardia coordinará la asistencia sanitaria y activará el protocolo. Se informará a la víctima de que se va a dar aviso al juez de guardia y al personal médico forense para que esté presente en la exploración médica y la toma de muestras, siempre con consentimiento informado.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se personarán en los centros cuando sean requeridas y acompañarán a la víctima a formular la denuncia, en su caso. Se informará a la víctima de los servicios especializados (las OAVD y los Centros Mujer 24 Horas) y el juzgado de guardia iniciará procedimiento penal.

El personal médico realizará el parte de lesiones y el informe médico de presunta agresión sexual se remitirá al juzgado a la mayor brevedad. En menores de 18 años se cumplimentará también la Hoja de Notificación para la Atención Sociosanitaria Infantil y la Protección de Menores.

El protocolo establece que tras la admisión en Urgencias, se codificará el caso como 'atención de carácter judicial', con el correspondiente parte de lesiones para que lo cumplimente el facultativo. Al paciente se le atenderá de forma prioritaria y segura en los primeros 30 minutos. Las mujeres serán derivadas a Ginecología y los hombres a urgencias o a Urología. Los menores de 15 años serán atendidos en Urgencias Pediátricas.

Se garantizará en todo momento la cadena de custodia de las muestras obtenidas en la exploración y se realizará un test de embarazo así como el tratamiento profiláctico necesario para prevenir infecciones de transmisión sexual, o en su caso, hepatitis B, VIH, tétanos o Virus del Papiloma Humano.

El seguimiento tras el alta se realizará preferentemente en Centros de Salud Sexual y Reproductiva o en Centros de Salud. Se harán controles a los 7-10 días, a las 3-6 semanas, a los tres meses y a los seis meses.

Por último y aunque la víctima no quiera denunciar, siempre se comunicará el hecho al juzgado de guardia. La falta de consentimiento para la toma de muestras se hará constar en la historia clínica.

El protocolo hace especial mención a las mujeres con discapacidad física o mental, ya que corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual, así como las embarazadas, que también pueden ser objeto de agresiones que repercutan además en la salud y viabilidad del feto.

La consellera ha subrayado la "importancia" de la coordinación, ya que la medicina forense, junto con la judicatura, la fiscalía, los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios especializados en violencia de género forman parte de la atención y la ayuda que deben brindar las instituciones públicas a las víctimas de agresiones sexuales.