El PP no ha tardado en moverse desde las elecciones generales. Reforzados por su subida en escaños, los de Pablo Casado aparcaron ayer el tira y afloja tras el preacuerdo de Sánchez con Iglesias y se centraron en su defensa de la educación concertada. Es la respuesta a las palabras de la ministra en funciones, Isabel Celáa, que apuntó que «el derecho de elección de centro no es un derecho constitucional». Algo que ha encendido las alarmas en Génova.

De hecho, el propio presidente del partido mantuvo un encuentro con representantes de la escuela concertada para mostrarles su apoyo. Y los populares aseguraron que están dispuestos a ir a los tribunales por defender este modelo educativo. "Sánchez lleva años cuestionando la enseñanza concertada, pero nosotros vamos a defenderla como pilar esencial para millones de familias españolas", expresó el propio Pablo Casado después de verse, también, con los consejeros de Educación del PP. En la misma línea que Casado, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, aseguró que su partido defenderá "política y jurídicamente" la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, con la opción de los colegios concertados, para lo que está dispuesto a ir a los tribunales si es preciso.

Gamarra hizo hincapié en que la postura de la formación trata de garantizar los "derechos constitucionales» para lo que su partido va a actuar "en todos los ámbitos", con una batería de iniciativas locales y autonómicas. Además, también apoyando alguna iniciativa que puedan tener los ciudadanos para reclamar este derecho, como manifestaciones en defensa de la enseñanza concertada. La vicesecretaria explicó que hay mucho «nerviosismo y alarma» en las familias tras las declaraciones de la ministra en funciones. "Son palabras que constituyen una amenaza" porque los planes enmarcados en la llamada ley Celáa "avanzaban en la dirección de limitar la capacidad de elección de los padres". El PP deja claro que en las comunidades donde gobierna –Galicia, Castilla y León, Madrid y Andalucía– va a garantizar el derecho de los padres a «elegir libremente» la educación que quieren para sus hijos, algo que "no le corresponde al Estado ni a la señora ministra".

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid registró ayer una iniciativa para defenderla en Pleno mediante la que quiere que el Gobierno de España garantice la educación concertada ante las, según explicaron, "nefastas" declaraciones de la ministra. El portavoz autonómico del PP, Alfonso Serrano, explicó que esta iniciativa tiene por objeto instar a la Comunidad de Madrid que siga promoviendo "la libertad de enseñanza y la libertad de educación en la Comunidad", un "modelo de éxito que tiene que ver no solo con la libertad de enseñanza en los colegios, sino también la libertad de elección de los padres. También, pretenden que con esta propuesta sin rango de ley el Gobierno regional inste al central a que garantice este derecho que «recoge la Constitución".

"Aquí se han dicho muchas cosas a raíz de las nefastas declaraciones de la ministra de educación en funciones pero es una realidad que la Constitución Española respeta y defiende y protege ese derecho de las familias y de los padres. Queremos que la Asamblea dé un mensaje claro e inequívoco a favor de la libertad y confiamos que tenga el respaldo para salir adelante", señaló Serrano ante los periodistas.

También se refirió al asunto la propia Isabel Celáa. La ministra en funciones aseguró que el Gobierno no ha cambiado "para nada" su tratamiento a la red concertada, por lo que ha comentado que si "alguien o alguienes están interesados en cambiar ese tratamiento que lo diga y que diga por qué". Celáa recordó que que "la educación es un derecho fundamental que implica la obligación correlativa de los poderes públicos para prestarlo".