Casi un año después de que finalizara el juicio sobre la pieza política de los ERE, la primera de esta macrocausa que llega a los tribunales, los 21 ex altos cargos de la Junta que se sentaron en el banquillo de los acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, saldrán de dudas este martes sobre su futuro, cuando la Audiencia de Sevilla les dé a conocer la sentencia.

Un fallo que finalmente no será leído en público y que los acusados recibirán, a partir de las 12.00 horas, en formato CD, según han señalado fuentes judiciales.

Conclusiones de la Fiscalía

La pieza política de los ERE ha juzgado a toda una década de gobiernos socialistas, a cuyos responsables la Fiscalía, para quienes pide hasta ocho años de prisión, acusa de presuntos delitos de prevaricación, en unos casos, y de prevaricación y malversación en otros, por crear un "procedimiento específico" para conceder 680 millones de ayudas sociolaborales a empresas de manera "arbitraria y sin control" entre los años 2000 –cuando supuestamente se estableció dicho procedimiento bajo el mandato de Chaves- y 2009.

Así lo determinó el Ministerio Público en sus conclusiones definitivas, donde señala además que la Junta utilizó "durante diez años un sistema de concesión totalmente opaco" en el que "las ansias de rapidez y agilidad" en conceder las ayudas eliminó "todos los mecanismos de control establecidos". Entre ellos, el de la Intervención General de la Junta, que remitió, según se puso de manifiesto en el juicio, varios informes alertando de presuntas irregularidades, especialmente uno enviado en 2005, en el que se ordenaba revisar una veintena de ayudas.

Afirma también el fiscal que "no cabía alegar" que los ex altos cargos de la Junta "desconocían" esta manera de gestionar los fondos. Muy al contrario, "era una situación conocida y buscada" por todos y, continúa la Fiscalía, ni Chaves ni Griñán hicieron nada por frenar este sistema pese "al conocimiento de las irregularidades".

En qué consistía el sistema

Desde el año 2000, apunta la Fiscalía, la Junta dejó de tramitar las ayudas de los ERE como subvenciones excepcionales concedidas y pagadas por la Consejería de Empleo, para encargar dicho pago al ente público IFA (luego Agencia IDEA) con fondos que la Consejería le enviaba mediante las conocidas como transferencias de financiación.

De esta manera, Empleo solo fiscalizaba el expediente de traspaso de fondos al IFA, donde ya no se podía identificar al destinatario de los fondos públicos.

La Dirección General de Trabajo era el organismo encargado de aprobar las ayudas. Uno de sus ex directores generales, Francisco Javier Guerrero, está considerado como uno de los principales responsables. Concedió ayudas incluso a su chófer, que en el juicio declaró que él y su jefe se gastaban parte del dinero en "cocaína".

Qué dicen los acusados

En su declaración, el expresidente Manuel Chaves afirmó ante los jueces que "conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales", pero "cómo se daban, yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión".

También Griñán negó en el juicio conocer "exactamente" el programa de ayudas investigadas, ya que como consejero de Hacienda "no se puede llegar a ese detalle" y el programa era "insignificante" en el presupuesto de Empleo.

En lo que a otros líderes socialistas se refiere, la secretaria general del PSOE-A y expresidenta andaluza, Susana Díaz, ha defendido siempre la "honradez y honestidad" de sus antecesores, confiando en que quienes se han visto "dañados" recuperen el crédito tras el juicio.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, consideró "verosímiles" muchas de las explicaciones de Chaves y Griñán, deseando que "haya justicia" y que tuvieran "la mejor de las defensas".

Solo el principio

No hay que olvidar que esta es la primera de las piezas de una causa que, actualmente, está desgajada en más de 180 piezas, una por cada empresa que recibió una ayuda supuestamente irregular. De todas ellas, además de la política, solo se ha dictado auto de continuación del proceso (es decir, que en breve llegarán a juicio) en diez. Se prevé, por tanto, un largo camino hasta que se pueda dar por concluida del todo la trama de los ERE.