Se les acusa como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, según ha informado el instituto armado.
En mayo se conoció que se llevaban a cabo diferentes construcciones y movimientos de tierra en dicha zona, que está incluida en la Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA) y dentro de la Red Natura 2000.
Por estos hechos se dio inicio a las correspondientes investigaciones, que conllevaron unos seis meses y culminaron con la investigación de 24 personas por su implicación con los hechos, ya que habían instalado vallados en diversas parcelas, realizado sondeos de agua, incluso instalado caravanas y viviendas prefabricadas en suelo rústico no urbanizable y sin estar autorizados para ello.
Además se formularon las correspondientes denuncias en materias de aguas, urbanísticas y medioambientales.
La operación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ávila, quienes comunicaron estos hechos a la autoridad judicial competente.
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