El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha enviado una carta a diputados, presidentes de parlamentos europeos y organismos internacionales en la que les pide que impulsen o apoyen "toda iniciativa dirigida a resolver por vías políticas, democráticas y pacíficas, el conflicto político" catalán.

En concreto, Torrent ha enviado su carta de denuncia a los presidentes de las cámaras europeas y a diputados de otros parlamentos internacionales, así como a la comisaria de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, o el alto comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, según fuentes parlamentarias.

"La condena de los dirigentes políticos y sociales, además de generar gran conmoción en nuestra sociedad, establece un precedente muy preocupante en un Estado miembro de la Unión Europea, ya que el ejercicio de los derechos de manifestación y de participación política, esenciales en toda democracia, ha sido criminalizado", denuncia la misiva.

Torrent hace especial hincapié en el caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, "sentenciada a once años y medio de prisión por haber defendido la idea del libre debate de cualquier cuestión en la sede del Parlamento de Cataluña, así como por haber protegido el derecho a la representación política y la libertad de expresión de sus diputados", señala.

El presidente de la cámara catalana reconoce que el Govern de Carles Puigdemont organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación "sin autorización" del Estado, aunque subraya que este hecho "fue despenalizado en España en 2005".

Pese a ello, añade, "el Tribunal Supremo ha retorcido el Código Penal para condenar a los líderes sociales y políticos, atribuyéndoles un delito que requiere el uso de la fuerza, circunstancia que nunca se ha dado".

Por ello, Torrent pide a los representantes europeos que sigan atentos "a los acontecimientos que puedan tener lugar con relación a esta cuestión" y que, si lo consideran conveniente, impulsen o apoyen "toda iniciativa dirigida a resolver por vías políticas, democráticas y pacíficas, el conflicto político" catalán.

"Al fin y al cabo, garantizar que en la Unión Europea se respeten los derechos y las libertades fundamentales es responsabilidad compartida de todos los ciudadanos europeos", concluye.