María y Juan son los padres de David, un niño que desde que nació siempre ha sido más bajito que los de su edad.

No fue hasta los 12 años cuando el endocrino le recetó la hormona del crecimiento, un tratamiento que cuesta 24.000 euros y que su familia difícilmente puede financiar. Por eso han tenido que pedir un crédito para poder costearlo.

«No quiero que el día de mañana mi hijo me reproche que no hice nada cuando podía haber una solución», dice María, quien explica que se están privando de muchas cosas para poder pagarlo.

El tratamiento lo prescribe el médico, pero debe aprobarlo un comité asesor, que «lo está denegando sin molestarse en estudiar el caso», explica la presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores.

Los padres de David destacan que incluso el especialista es reacio a enviar su informe al comité, debido a que otros casos con más posibilidades se han denegado.

«No entendemos porque a unos niños se les financia y a otros no, creo que todos deberían de tener los mismos derechos», dice María.

Aún así, el niño ha acudido desde muy pequeño al especialista. El problema se agravó a los 12 años, cuando el estudio de sus huesos reveló que su cuerpo era el de un niño de casi 15 años, por lo que probablemente no iba a crecer más. Fue entonces cuando el endocrino le recetó la hormona.

De momento, parece que el tratamiento funciona, ya que en cinco meses David creció unos centímetros que antes tardaba en coger un año, subraya su madre.

Ante la falta de financiación por parte de la Junta, la familia ha consultado a un abogado que le explicó que tiene pocas posibilidades de que les paguen el tratamiento, ya que el especialista escribió en el informe que fueron los padres los que pidieron el tratamiento, una práctica «cada vez más habitual entre los médicos», según el abogado.

Cuatro condenas en dos años

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Junta cuatro veces en dos años a indemnizar el tratamiento de la hormona del crecimiento.

La última condena fue el pasado mes cuando los jueces reconocieron el derecho de los pacientes a recibir el tratamiento gratis, siempre que esté preescrito por un médico de la sanidad pública.

Es el comité asesor de los hospitales el que suele denegar el pago de la hormona. La última ocasión la Junta fue condenada a pagar 30.578 euros.

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