Que cuando el debate se centra en el problema territorial de Cataluña la izquierda a la izquierda del PSOE sufre para explicar su propuesta no es ninguna novedad. Por ello, estos partidos están intentando mantener un perfil bajo en la crisis abierta a raíz de la sentencia del juicio a los principales dirigentes del procés: son conscientes de que volver lo antes posible a discutir sobre cuestiones sociales sería lo mejor para ellos en un contexto de precampaña electoral.

No obstante, tanto el fallo judicial como los disturbios que se han producido en una minoría de manifestaciones les han obligado a posicionarse. Y ayer, tanto Unidas Podemos como los comunes se situaron en una postura intermedia en relación a la violencia desatada en algunas de las protestas, una violencia que criticaron pero ante la que aseguraron que la solución no es policial.

Buen ejemplo de ello es la actitud adoptada por Unidas Podemos. La formación ha criticado los disturbios ocasionados por algunos manifestantes, pero también las cargas que se produjeron en respuesta. Ayer mismo, Noelia Vera, portavoz de la ejecutiva de Podemos, aseguraba en una entrevista en TVE que su formación no quiere "ni una posición extremista de cargas ni una posición extremista de violencia en las calles".

Vera insistió en que los altercados de estos días son una consecuencia más de haber judicializado un conflicto de carácter político, y criticó la "irresponsabilidad" de la Generalitat alentando las protestas y luego disolviéndolas por la fuerza enviando a los Mossos d'Esquadra. La portavoz insistió en denunciar la actuación de "cualquiera de las partes que carga y que utiliza la violencia". Y dejó claro que su partido no quiere "decir que uno es peor que otro", porque "las dos partes", Estado y Generalitat, "están siendo irresponsables".

En el mismo sentido se expresó el martes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que aseguró que su ciudad no quiere "encarcelamientos injustos ni cargas contra gente pacífica", pero "tampoco incendios" que "ponen en riesgo la seguridad de los vecinos", como los desatados en Barcelona en los altercados violentos.

Colau también criticó tanto a los líderes de la derecha como al president catalán Quim Torra. "No necesitamos pirómanos por un lado diciendo que hay que intervenir Cataluña y que hay que aplicar un 155, y por otro lado no necesitamos a un presidente de la Generalitat que se va a las manifestaciones en lugar de explicar la situación y como cree que hay que afrontarla", señaló.

Más País, por su parte, guardó silencio durante todo este miércoles en relación a los disturbios. No obstante, en declaraciones a 20minutos, el diputado Jorge Moruno, uno de los dirigentes más próximos a Íñigo Errejón, insistió en que "esta situación solo se va a empezar a resolver si asumimos que es un problema político y no de orden público".

"Ni jueces ni policía van a resolver algo que los partidos políticos llevan año dejando que gangrene", aseguró Moruno. No obstante, pese a las preguntas de este medio, Más País no valoró la pertinencia de las cargas que se produjeron en algunas protestas en la noche del martes, y tampoco se pronunció sobre la legitimidad de algunas concentraciones que pretendían bloquear infraestructuras críticas como el aeropuerto de El Prat.

Por el contrario, el PSC cerrado filas con la actuación policial. Las críticas de su primer secretario, Miquel Iceta, se han dirigido hacia Torra, a quien Iceta exigió una "rectificación". "Los llamamientos a la confrontación y la desobediencia son gravísimos errores", sostuvo el dirigente, que expresó "todo el apoyo a los Mossos, Policía y Guardia Civil".

Frente a las llamadas de buena parte de la izquierda a encauzar la crisis a través de la política y no de las actuaciones policiales, los partidos de la derecha apuestan porque el Estado intervenga directamente en Cataluña y que lo haga ya. Este miércoles, PP, Ciudadanos y Vox se embarcaron en una escalada para plantear al Gobierno diferentes medidas para intervenir de una forma u otra la autonomía catalana, todas ellas con un denominador común: tomar el control de la seguridad en Cataluña.

El líder del PP y de la oposición, Pablo Casado, era inicialmente el más suave de los tres líderes, pero elevó este miércoles su apuesta inicial. Casado instó al Gobierno a aplicar la Ley de Seguridad Nacional, como ya había hecho anteriormente, "para que ningún cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas". Pero también exigió al presidente Pedro Sánchez que requiera formalmente a Torra que cumpla sus "obligaciones constitucionales y legales". Ese requerimiento oficial no es baladí, ya que supone el paso previo –y necesario– para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Precisamente esa es la medida que puso sobre la mesa el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para quien aplicar "la Ley de Seguridad Nacional es insuficiente porque con ella sigue Torra al frente" de la Generalitat. Con el 155, dijo, se podría "cesar" al president, "el culpable" último de la "emergencia nacional".

Vox fue quien más lejos llegó en su propuesta. Su líder, Santiago Abascal, registró en el Congreso una petición para iniciar los trámites para aplicar el estado de excepción en Cataluña argumentando que la "grave alteración del orden público y constitucional en Cataluña" pone en peligro "nuestro Estado de derecho" y "la seguridad, la integridad y la vida de las personas". El estado de excepción faculta al Gobierno a limitar derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y del domicilio.