El Juzgado de Instrucción número cinco de Molina de Segura (Murcia) ha pedido al Senado que certifique el cargo que ocupa en la Cámara Alta el ex alcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, y ha decidido por ello aplazar el juicio abierto contra él por un presunto delito de prevaricación administrativa.

De confirmarse el cargo del senador Hurtado, el citado órgano judicial tendrá la posibilidad de inhibirse en favor del Tribunal Supremo, dada la condición de aforamiento del acusado. Hurtado debía comparecer hoy en calidad de imputado ante el juzgado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a irregularidades en la adjudicación de las obras de construcción de un

En concreto, se trata de la adjudicación a una empresa para la construcción del Complejo Deportivo 'José Antonio Camacho' de Ceutí, por un precio de 1.883.263,85 euros.

Los hechos se remontan al pasado mes de mayo de 2007, cuando la presidenta del Partido Popular en Ceutí, Beatriz Sandoval, y la concejala, Adoración Ayala, anunciaron la presentación de una "querella criminal" ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Hurtado, por "presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente".

Sin embargo, la jueza sobreseyó el pasado mes de junio la querella "porque consideraba que la irregularidad en el procedimiento de adjudicación era una mera irregularidad administrativa, y que no era lo suficientemente grave como para ser un delito", aunque "no se dio cuenta que la contratación era posterior a la construcción", expuso.

Dos meses más tarde, tanto el Ministerio Fiscal como la parte querellante recurrieron ese sobreseimiento, momento en el que el Ministerio dijo que había que investigarlo porque "podía ser un delito de falsedad, porque parecía que se había hecho un procedimiento de contratación para justificar una obra adjudicada a dedo y realizada con casi seis meses de antelación".

Esta circunstancia se incluyó en el recurso contra el sobreseimiento, "que la jueza aceptó en febrero y que hizo revocar su archivo y ordenar practicar una serie de diligencias previas en el presente mes de abril".

En este momento, el TSJ se encuentra en fase de practicar la instrucción y las diligencias, entre las cuales, el alcalde será llamado a declarar como imputado, ya que "es una de las diligencias más probables en estos procedimientos, que hable la persona contra quien se querella", precisó el TSJ.

Sin embargo, el Tribunal se negó a dar más datos ya que la instrucción "es secreta" y el juzgado ahora mismo está investigando los hechos. Por todo ello, dijo que el caso "no deja de ser una querella de parte", y descartó ofrecer más información "hasta que no haya una decisión judicial que se pronuncie al respecto".