Según han informado, el Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha decretado un desalojo "al margen de todos los procedimientos legales establecidos".

Al respecto, han relatado que, después de un largo proceso de criminalización del centro social por parte, entre otros, de algunos políticos y la Asociación de Vecinos del Realejo, el pasado 12 de mayo se dejó en la puerta del edificio una cédula de notificación en la cual se daba un margen de tres días a los integrantes del colectivo para abandonar el edificio.

Este requerimiento expedido por el Juzgado de Instrucción 3 es, según los okupas, "irregular" porque no ha sido solicitado ni por el propietario del edificio ni por la Fiscalía, únicas partes válidas para el dictamen de un desalojo cautelar.

Además, no se ha identificado a ninguna persona concreta, lo que imposibilita la defensa del uso social del espacio y la interpelación de recursos.

A su juicio, este conjunto de "irregularidades" confirman que detrás del desalojo "ilegal", que tendrá lugar hoy, "subyacen claros intereses políticos y económicos".

La asociación de vecinos, en contra

"La presión ejercida por parte de la Asociación de Vecinos del barrio se ha aprovechado desde la clase política -independientemente del partido- para reprimir la voces contrarias a la especulación urbanística y la privatización del espacio público", han denunciado.

Ante estos hechos y para que ningún desalojo quede sin respuesta, han invitado a todos los colectivos, personas y centros sociales a sumarse a las protestas que se van a llevar a cabo en los próximos días.

En concreto, han convocado una manifestación que tendrá lugar hoy a las 19:30 horas, un pasacalles para el sábado 17, a las 12:00 horas, y un cabaré el domingo 25, a las 18:00 horas, todos ellos en el Campo del Príncipe.