El juicio a Torra por los lazos amarillos será los días 25 y 26 de septiembre en el TSJC

  • La desobediencia no implica pena de prisión pero sí que puede suponer la inhabilitación para cargos públicos.
  • Torra ve precipitado que su juicio ya tenga fecha y anuncia acciones legales.
El expresidente Carles Puigdemont y el presidente Quim Torra.
El expresidente Carles Puigdemont y el presidente Quim Torra.
@GOVERN - Archivo
El expresidente Carles Puigdemont y el presidente Quim Torra.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado para los días 25 y 26 de septiembre el juicio contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos y las pancartas en apoyo de los políticos presos por el 1-O de los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral de las elecciones generales del pasado 28 de abril.

La Fiscalía se querelló contra el president por "incumplimiento" de las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) y por el uso de "símbolos partidistas" en instituciones públicas durante el periodo electoral.

La desobediencia no implica pena de prisión pero sí que puede suponer la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo por un delito de desobediencia por desoír la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral.

El Parlament había fijado justamente estos dos días (25 y 26 de septiembre) para celebrar el debate de política general. 

En una diligencia notificada hoy, la sala Civil y Penal del TSJC fija la celebración del juicio a Torra para el miércoles 25 y el jueves 26 de septiembre, una vez habrá expirado el plazo máximo para la investidura del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que finaliza el 23 de septiembre.

El alto tribunal catalán acordó en julio pasado enviar a juicio a Torra por un delito de desobediencia, o alternativamente por denegación de auxilio, por no retirar a tiempo los lazos amarillos de edificios públicos de la Generalitat en campaña electoral, pese a que se lo ordenó la Junta Electoral Central en reiteradas ocasiones.

En su declaración como investigado ante el TSJC, el pasado 15 de mayo, Torra admitió que desobedeció la orden "ilegal" de un órgano "incompetente" como la JEC, ya que como presidente catalán se debía a un "mandato superior" de la ciudadanía.

Torra ve precipitado que su juicio ya tenga fecha

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha destacado este lunes la celeridad con la que la justicia ha fijado la fecha de su juicio, lo ha tachado de precipitado y lo ha contrastado con los tiempos del juicio a los impulsores del 1-O encarcelados: "La justicia es lenta solo cuando quiere".

Así se expresa en un comunicado de la Oficina del Presidente de la Generalitat, en el que se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a Torra el 25 y el 26 de septiembre para juzgarle por la presencia de lazos amarillos en edificios públicos durante la campaña electoral.

"Se trata de la demostración más evidente de la celeridad interesada de la justicia", y ha recordado que los políticos procesados en el Tribunal Supremo por impulsar el 1-O llevan en prisión provisional casi dos años esperando a la resolución de su juicio.

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha denunciado este lunes que las "prisas" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para juzgarle le ha hecho incurrir, en su opinión, en un "error procesal", ante el que va a emprender acciones legales que aún no ha concretado.

Para el presidente de la Generalitat y su equipo legal, este señalamiento es "la demostración más evidente de la celeridad interesada de la justicia", que es "lenta solo cuando quiere".

En este punto, el comunicado hace alusión a la situación de los políticos presos en la causa contra la cúpula del procés: "Hay personas demócratas que tienen que esperar casi dos años en prisión provisional la resolución de su proceso penal. En este caso, podemos comprobar que la prisa del tribunal por resolver el caso del president Torra es absoluta".

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