Así lo han afirmado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, y la diputada Rosa Dávila, que han censurado esta "política de recortes" cuando el Estado "debe a Canarias 723 millones de euros, de los que 500 corresponden a los computados como superávit de la Comunidad Autónoma, que provienen del cumplimiento de la sentencia sobre el convenio de carreteras, y 223 millones que se adeudan por entregas a cuentas del sistema de financiación y que están pendientes de abono para todas las comunidades autónomas".

A juicio de los diputados nacionalistas, "este anuncio se debe más a una necesidad recaudatoria del Gobierno del Estado, que según informaciones publicadas hoy ha disparado su déficit un 27% entre enero y junio, 2.245 millones más que en junio de 2018; y a una falta de compromiso con los verdaderos intereses de Canarias si su defensa implica enfrentarse al Gobierno de Madrid".

"Lo que tiene que hacer este Gobierno es empezar a trabajar y reclamar al Estado lo que le corresponde a los canarios. A un Gobierno diferente que quiere hacer las cosas diferentes solo podemos invitarle a que lo haga, pero sin criticar y echar por tierra el trabajo realizado que colocó a Canarias entre las comunidades más saneadas; ahora les toca a ellos demostrar que lo pueden hacer", sugirió Barragán.

El portavoz parlamentario considera que lo que hacen los partidos que conforman el nuevo Gobierno es "desdecirse" de lo que defendían como oposición: "Éramos los campeones del cumplimiento del déficit y ahora resulta ser todo lo contrario, si tenemos en cuenta las declaraciones del nuevo consejero de Hacienda".

Rosa Dávila añadió que si se consulta el informe del AIReF, en sus previsiones dice que Canarias, junto a País Vasco, tiene una alta probabilidad de cumplir con los objetivos de estabilidad y tener superávit. "Es evidente que si la situación de déficit se complica al cierre del ejercicio presupuestario será por responsabilidad de las decisiones tomadas por el nuevo Gobierno", advirtió.

Tanto Barragán como Dávila coincidieron en afirmar que sólo han pasado diez días de este Gobierno "para conocer en profundidad la situación real de la Comunidad Autónoma, para lo que se requiere estudiar".

Sobre la propuesta anunciada por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de subir el IGIC al alcohol, el tabaco y los productos de lujo, Dávila le recordó que el tabaco no tiene IGIC, tiene un impuesto a las labores del tabaco que se ha incrementado progresivamente en los últimos años, y añadió que fiar al consumo de alcohol y tabaco la implantación de la renta de la ciudadanía es "poco riguroso", aunque "se hayan dado cuenta ahora que es una renta que debe implantarse progresivamente y por fases, tal y como había diseñado el Gobierno de Fernando Clavijo", concluyó.