El BBVA elige una nueva responsable de control interno tras su imputación en el caso Villarejo

  • El juez sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió contratar al excomisario.
  • González considera que la actuación del banco ha sido "intachable" y se ofrece a colaborar con la justicia. 
Sede del BBVA.
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JORGE PARÍS
Sede del BBVA.

BBVA ha anunciado este martes el nombramiento de Ana Fernández Manrique como responsable del área de Regulación y Control Interno, un puesto hasta ahora ocupado por Eduardo Arbizu, una persona muy próxima al expresidente de la entidad Francisco González, que sale del banco.

El relevo se produce en pleno escándalo por las relaciones de BBVA con la empresa Cenyt, del excomisario José Villarejo, y un día después de que la Audiencia Nacional haya imputado a la entidad por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

El banco no hace ningún comentario sobre si existe relación entre los cambios en el organigrama y su investigación interna para esclarecer sus relaciones con Villarejo, pero Eduardo Arbizu fue el responsable jurídico de BBVA desde 2002 hasta diciembre de 2018.

Tras la marcha de Francisco González, Arbizu pasó a ser el responsable de regulación y control interno de BBVA y reportaba directamente al consejo de administración del banco ahora presidido por Carlos Torres Vila.

"Tras una exitosa carrera de prácticamente dos décadas", destaca el banco en un comunicado, Arbizu abandona la entidad y él asegura que "ha sido un honor" y está "muy agradecido de haber formado parte de este gran grupo todos estos años”.

La nueva responsable del área de Regulación y Control Interno, Ana Fernández Manrique, ha sido hasta ahora directora de riesgos no financieros y lleva más de veinticinco años en BBVA, en los ámbitos de finanzas, estrategia y fusiones y adquisiciones, inmobiliario y banca minorista, entre otras.

Estoy muy ilusionada y quiero agradecer la confianza depositada en mí para afrontar este gran reto”, ha dicho.

Investigan las relaciones con Villarejo

El juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le podían reportar.

Según un fragmento del auto de imputación al BBVA, el magistrado ve necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o si, por el contrario, "la ausencia de mecanismos de control" y "la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial" fueron "medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación" de Villarejo.

Todo ello, dice el juez, presuntamente "consentido por la cúpula del propio banco" por "el beneficio personal y empresarial" que le reportarían esos servicios del excomisario.

El juez imputa al banco delitos de cohecho -ya que Villarejo era policía en activo cuando trabajaba para el BBVA y le conseguía información-, descubrimiento y revelación de secretos -por esa información confidencial que le facilitaba- y de corrupción en los negocios -por las dádivas que presuntamente recibió de Villarejo uno de sus directivos-.

González defiende la actuación de la entidad

Asimismo, el expresidente de BBVA, Francisco González ha asegurado este martes que desde que se abrió la investigación judicial sobre la relación del banco con el excomisario José Villarejo ha estado "máximamente interesado en colaborar con la justicia, con la mayor transparencia y objetividad".

Considera que la actuación del banco ha sido "intachable" pero se ofrece a colaborar "con el objetivo de identificar y esclarecer lo más rápidamente las posibles irregularidades que se hayan podido producir", explica en una declaración remitida a Efe.

El exbanquero incide en que durante su presidencia en BBVA se trabajó "bajo unos estrictos estándares de conducta" y se actuó "dentro de la más estricta legalidad para defender los intereses del banco, esto es, de sus profesionales, sus accionistas, sus clientes y los intereses generales de la sociedad".

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