El Tribunal Constitucional ha amparado al etarra Alberto Viedma, condenado por el asesinato en 1998 del edil de UPN en Pamplona Tomás Caballero, y ha ordenado que se indague si sufrió torturas tras su detención en 2002 al estimar que la denuncia que presentó por ello no se investigó de forma "eficaz".

En una sentencia notificada hoy, la Sala Primera del TC señala que, aunque se emprendió con prontitud una investigación judicial, ésta se cerró "cuando persistían aún sospechas razonables de que el delito se había cometido", habiendo medios aún disponibles para despejarlas.

Presentó la denuncia días después de su detención

Viedma fue detenido el 28 de febrero de 2002 por la Guardia Civil y pocos días después presentó un escrito en el que denunciaba torturas y que terminó siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, considera que el archivo se produjo sin que se hubiesen practicado todas las diligencias "relevantes" para determinar si hubo o no torturas.

El fallo alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a dos recientes sentencias del Constitucional para recordar que si existe una sospecha "razonable" de tortura "deben tomarse en consideración las circunstancias concretas de cada caso, siendo preciso atender, entre otras circunstancias, a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos".

Un mareo general sospechoso

La resolución señala que Viedma fue trasladado a un hospital al inicio de su detención por sufrir "un malestar y mareo generalizado", apreciándose un "eritema leve en zona superior derecha de la espalda" y una "taquicardia de 96".

Añade que el detenido denunció signos físicos en la nuca y la espalda a consecuencia de las agresiones que atribuyó a agentes policiales y que le fue recetado un medicamento sin especificar por qué.

No es "determinante" que Viedma se negara a ser reconocido

Para el Constitucional, no es "determinante" el hecho de que Viedma se negara a ser reconocido en sede judicial, ya que, "de ser ciertas las torturas", esa renuncia pudo deberse "a una voluntad condicionada por la intensa intimidación previa o por el miedo a verse sometido de nuevo a la custodia de sus agresores".

El TC, además, considera un "error" que se archivara la causa con el argumento de que Viedma no aclaró qué diligencias faltaban por practicar, ya que propuso las declaraciones de los agentes que intervinieron en su detención, la suya, la del abogado de oficio que le asistió, la del médico forense que le atendió y la de la médico que le observó en Pamplona.