El supuesto asesinato de una joven secuestrada esta semana en Rumanía está provocando consternación e indignación ciudadana hacia el presunto culpable y la policía, que recibió tres llamadas de la chica denunciando su rapto y violación y que tardó 19 horas en encontrar el lugar del que llamaba.

Alexandra Macesanu, de 15 años, pudo llamar el jueves a la policía desde la casa del presunto asesino, detenido un día más tarde después de que los agentes dieran con su vivienda y hallaran allí cenizas y restos humanos que aún no han sido identificados. Según ha informado este domingo la prensa local, el hombre violó a su víctima, la descuartizó y quemó su cuerpo.

Miembros de la sociedad civil y una multitud de usuarios en las redes sociales critican desde el pasado viernes a las autoridades y achacan su ineficacia a la corrupción, la falta de personal y de tecnología adecuada y otras carencias.

Centenares de personas se han concentrado durante el fin de semana en Bucarest y otras ciudades para expresar su indignación hacia la policía rumana. El detenido por el asesinato es un mecánico de 65 años de edad, de la localidad de Caracal, en el sur del país balcánico.

Según la prensa local, éste confesó este domingo haber asesinado a Macesanu y también a otra joven, de 18 años, desaparecida en abril pasado. Ambas estaban haciendo autoestop desde sus respectivas localidades hasta Caracal cuando fueron recogidas por el sospechoso, quien les exigió tener sexo, y al negarse ellas, las habría matado.

El presidente rumano, el liberal Klaus Iohannis, pidió este domingo en su cuenta de Facebook "la dimisión de todos los que han gestionado de forma equivocada" lo ocurrido en Caracal. "Mientras la corrupción, la incompetencia y los ascensos por criterios distintos al profesionalismo sean fomentados por algunos dirigentes políticos, la sociedad entera lo pagará", escribió.

Iohannis ha acusado en el pasado repetidamente al Gobierno del partido socialdemócrata PSD, en el poder desde enero 2017, de sacrificar el bien común en favor de sus intereses particulares.

No es la primera vez que a un Ejecutivo socialdemócrata rumano se le imputa la responsabilidad política de un caso concreto de corrupción o ineficacia. En noviembre de 2015, días después de que 64 personas murieran en un incendio en una discoteca de Bucarest que no cumplía todos los requisitos de seguridad, el entonces primer ministro socialdemócrata, Victor Ponta, tuvo que dimitir en medio de protestas ciudadanas.